30.000 millones de anticipo y un año más para ajustar el déficit
martes 10 de julio de 2012, 08:08h
Los socios de la
eurozona firmaron en la madrugada del
lunes un acuerdo de enorme trascendencia que marcará la política y la economía
española de los próximos años. Los países del euro dieron el visto bueno al
rescate financiero, para empezar de 30.000 millones de euros, antes de finales
de julio, y han otorgado un año más a Madrid para cumplir el déficit, a cambio
de rigurosas condiciones fiscales, bancarias y de supervisión. Es decir, y como
interpreta el diario El País, "una intervención con todas las de la ley, si
bien de menor intensidad que la de los tres países rescatados hasta ahora:
Grecia, Portugal e Irlanda".
De manera que, como primera
medida, España contará con 30.000 millones de euros este mismo mes para iniciar
el proceso de recapitalización de la banca española. Ese primer remanente del
préstamo europeo, que podrá
alcanzar hasta un máximo de 100.000 millones, será inyectado en
el Frob a finales de julio y podrá ser usado de inmediato para las entidades
que requieran un saneamiento urgente. El Eurogrupo decidió dar este importante
paso después de mantener una reunión de nueve horas en la que se logró un
acuerdo político sobre las condiciones que se impondrán a los bancos que reciban
la asistencia y al sector financiero en general. El llamado Memorándum de
Entendimiento , que es el documento donde están redactadas estas exigencias,
será firmado de forma definitiva el próximo 20 de julio, ya que algunos países
europeos deben obtener el visto bueno de sus respectivos parlamentos
nacionales. Los préstamos que reciban los bancos españoles tendrán un plazo de
vencimiento de hasta 15 años, aunque la media se situará en los 12,5, según
anunció el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. El tipo de interés no se ha definido aún,
aunque previsiblemente será el del coste de financiación del fondo de rescate
europeo más un diferencial, que podría rondar el 1%. La contrapartida serán una
serie de exigencias que aún no se han publicado, aunque el ministro español,
Luis de Guindos ya adelantó algunas de ellas. Por ejemplo, los bancos que
reciban la ayuda tendrán que imponer a sus clientes e inversores unas pérdidas
sobre las participaciones preferentes que emitieron. Se calcula en el entorno del
30% esta quita obligatoria que deberán asumir estos accionistas, muchos de
ellos clientes particulares de estas entidades. Además, los bancos que reciban
la asistencia deberán
segregar sus activos tóxicos en un 'banco malo' que gestionará
de forma independiente los activos inmobiliarios, como solares, viviendas,
etcétera. También se impondrán requisitos de capital más elevados para el
conjunto del sector, con un nivel de solvencia del 9%, y habrá modificaciones
en los estándares de "aprovisionamiento, supervisión y transparencia"
de las entidades, según adelantó el ministro. Junto a estas condiciones
específicas del sector financiero, el Gobierno español tendrá que cumplir con
las recomendaciones de la Comisión Europea dentro del procedimiento de déficit
excesivo. El vicepresidente de la Comisión y titular de Asuntos Económicos, Olli Rehn, advirtió que "España debe
cumplir plenamente" con los compromisos contraídos con sus
socios europeos. De momento la ayuda a
la banca se llevará a cabo a través del fondo temporal de rescate y el Frob
será el receptor de la misma. No obstante en cuanto se cree el supervisor
bancario único, algo que no parece posible que ocurra hasta mediados del año
que viene, la recapitalización será directa en la banca, sin necesidad de que
pase por el Estado. De hecho, el Tesoro podrá 'quitar' esa deuda anotada por
este plan de ayuda europeo y pasará
directamente al balance de los bancos. El jefe del grupo de
trabajo del Eurogrupo, Thomas Wieser, reconoció que, a partir de ese momento,
el Estado dejará de ser el responsable del préstamo. Es decir, que si un banco
llegara a impagar parte de la ayuda, el fondo de rescate europeo sería quien
asumiese la pérdida y no el Estado español, como se había asegurado hasta
ahora.
Tras la reunión el ministro
español tan sólo se paró ante los periodistas para asegurar que el Gobierno
había obtenido "dos muy buenos acuerdos", en referencia a la
condicionalidad impuesta a la banca y a la decisión del Eurogrupo de conceder
un año más a España para reducir el déficit por debajo del 3%. Esta última
propuesta de la Comisión Europea obtuvo el respaldo de los socios del euro y
tendrá que ser definitivamente aprobada por los ministros de Finanzas de los
Veintisiete. España tendrá
hasta 2014 para consolidar sus cuentas públicas y se fija un
nuevo calendario de reducción del déficit. Este año deberá situarlo en el 6,3%
(un punto del PIB por encima de lo previsto hasta ahora); en 2013 deberá bajar
hasta el 4,5% y en 2014 al 2,8%. A cambio de este año extra, el Gobierno deberá
someterse a una supervisión trimestral de sus progresos de consolidación
presupuestaria que irá en paralelo a las revisiones de la "troika" al programa de rescate a la
banca. Además, se exige al Ejecutivo que presente "antes de que acabe julio" un
plan presupuestario bianual que detalle los ajustes y reformas que se van a
hacer en 2013 y 2014. También se reclama un mayor control de las comunidades
autónomas y propone la creación de una agencia presupuestaria independiente que
controle y supervise la ejecución de las cuentas públicas. La troika que componen la
Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional,
enviará misiones a España cada tres meses, y asume de facto poderes sobre la
supervisión financiera de la banca. Los socios europeos impondrán profundos
cambios en todo el sector financiero. Y Bruselas exige de inmediato nuevas
medidas fiscales al Gobierno para garantizar que España cumple sus metas de
déficit. El Ejecutivo había adelantado ya este lunes por la mañana a esas
exigencias con el anuncio de que, en contra de sus promesas electorales, subirá
el IVA. Pero el vicepresidente Olli Rehn ha asegurado que España "tendrá
que cumplir plenamente" con el nuevo pliego de condiciones, y no ha
descartado que entre esas exigencias estén otras medidas, como recortes en las
pensiones o en el subsidio de desempleo. El ministro francés Pierre Moscovici
ha explicado que el propio Ejecutivo español sugirió en la reunión
modificaciones en políticas muy delicadas, como la relativa a las pensiones.
Una vez más, queda de
manifiesto que nada es gratis, pero tampoco todo son condiciones.. ¿Estamos un
poco más intervenidos que ayer? No parece que quepan dudas de que así es... Se
supone que los mercados, y la prima de riesgo, empezarán a tener en cuenta esos
datos nuevos, que se supone que alejan algunos fantasmas...