Aquí, políticos, banqueros y grandes empresarios suelen
salirse de rositas tras cometer cualquier felonía. Si excepcionalmente resultan
condenados, se hace prescribir sus delitos, como en el caso de
Alberto Cortina y
Alberto Alcocer, o se benefician de un indulto del Gobierno, como
le sucedió a
Alfredo Sáenz Abad.
En otros países, en cambio, puede acabar en la cárcel
hasta el tato, por aquello de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.
Ahora está siendo investigado por presunta financiación
ilegal de su partido el ex presidente francés, Nicolas Sarkozy. Justo lo contrario de lo que ocurre aquí, donde
todos los partidos se han financiado irregularmente sin que ello les haya
supuesto coste penal alguno.
El antecesor de
Sarkozy,
Jacques Chirac, ha tenido a su vez que sentarse en el banquillo por
otro asunto igual de turbio. Y no digamos nada de aquella administración
corrupta de
François Mitterrand, que
le costó la cárcel, entre otros, a su ministro de Exteriores
Roland Dumas.
No sé cuánto tiempo pasará antes de que en España veamos
a un político, no ya en prisión, sino ante los tribunales. Otro tanto cabría
decir de aquellos empresarios que han practicado impunemente sobornos, fraudes
y otros delitos de mayor o menor cuantía. Mientras este tipo de personajes suele
acabar entre rejas en los países anglosajones, aquí se jubila con el riñón
forrado y dando conferencias sobre la ética en el mundo de los negocios.
Aunque sólo fuera por eso, bienvenida sea la imputación
de los directivos de Bankia. Claro que si se abre la veda a todos los
financieros, políticos y demás incursos en posibles delitos, no habría en
España suficientes tribunales donde juzgarlos.
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