¿De quién es el ático de Ignacio González en Marbella?

Dos comisarios, uno jefe local de Marbella y otro comisario general de Policía Judicial, nombrado ni seis meses antes como hombre de confianza y miembro de la Junta de Gobierno, han sido cesados por el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, por investigar para conocer al propietario del ático de Marbella en los últimos cinco meses.

Nunca en la historia de la Policía desde la llegada de la democracia se ha visto tal cosa, y nunca antes las instituciones y los poderes públicos, el Gobierno (y su presidente a la cabeza), el legislativo y el judicial han estado mirando hacia otro lado ante una evidencia tan clamorosa como la que nos ocupa en este caso.

Una vivienda valorada en un millón de euros, no escriturada en España, de la que se desconoce propietario, alquilada por un alto cargo político que paga un alquiler irrisorio (de lo que nadie ha visto documentos), a una empresa que se anuncia en internet como experta en ocultar la identidad de propietarios de bienes (se supone que para blanquear dinero fruto de actividades ilícitas o para no cumplir sus obligaciones fiscales), radicada en el extranjero, se ha convertido en un "expediente X", que es una prueba de moralidad de la política, la justicia y la Policía en España porque es imposible de entender que la fiscalía anticorrupción no investigue, que Hacienda (de momento) no haya hecho nada, que el ministro del Interior y el director general parezcan más empeñados en cesar a los comisarios que investigan que en conocer la identidad del presunto delincuente, que el vicepresidente de la comunidad de Madrid no haya facilitado datos que puedan conducir al propietario y que la presidenta de Madrid tampoco exija a su número dos transparencia en este asunto.

En nuestra opinión hay un agujero negro en España, una evidencia de corrupción de las más altas instituciones, incluida la Policía, si nadie hace todo lo legalmente posible para conocer la identidad del dueño de ese ático, de ese millón de euros previsiblemente de dinero negro invertido impunemente por alguien al que nadie parece querer molestar.

Un comisario cesado por "investigación ilegal" (según dijo el ministro de Interior en el Congreso aunque en su expediente disciplinario no le acusan de eso), y un comisario general cesado por no haber comunicado a su superior jerárquico y este a los políticos la apertura de unas diligencias. Policía politizada es igual a fin de la democracia. El ministro debe decir de qué diligencias que abra la Policía en uso de sus competencias quiere ser informado y para qué quiere dicha información.

Todo lo demás, si ha habido una carta chantajista del SUP al comisario general cesado, o si la fiscalía anticorrupción ha cerrado la investigación son cortinas de humo que no debieran distraer del fin último de la investigación policial y por la que varios profesionales de la Policía fueron acusados en sede parlamentaria por el ministro del Interior de llevar a cabo prácticas ilegales (el comisario y no nos olvidemos, sus subordinados).

Si el comisario general cesado, o el ministro, o quien corresponda, considera que la carta remitida por el SUP era un chantaje que lo denuncie. Nos veremos en los tribunales.

Si la fiscalía anticorrupción ha archivado el asunto después del escrito remitido al SUP en el que señalaba que podía haber indicios en todo caso para realizar una investigación policial, que se difunda dicho escrito.

En este estado la cuestión es casi imprescindible que los medios de comunicación que quieran limpiar España de corrupción y de corruptos no se limiten a repetir lo que le dicen fuentes oficiales. Ese supuesto archivo de la fiscalía anticorrupción difundido desde fuentes oficiales puede ser una respuesta escrita a una pregunta también escrita del comisario general cesado, en la que este se interesa sobre si había alguna diligencia abierta de investigación por la fiscalía sobre el asunto en cuestión tras la carta del SUP, y la lógica respuesta de la fiscalía es que no, que ya respondió a la carta sindical y que no tiene diligencias abiertas. Colegir de esto que se ha archivado el asunto y no querer que la Policía cumpla con su obligación investigando para perseguir delitos como se pretende desde el Ministerio del Interior (cuyo Gabinete de prensa es quien difundió ayer los bulos y mentiras sobre el chantaje del SUP) los coloca, en nuestra opinión, al otro lado de la línea de la legalidad. Es algo que nunca habíamos visto antes desde 1980.

El SUP no va a ceder ante ninguna presión o amenaza de nadie, por poderoso que sea, cuando de cumplir con nuestro deber como organización sindical de defensa de los policías se trate, cumpliendo la ley y los principios básicos de actuación que hemos jurado o prometido defender. En una democracia los políticos están sujetos a la ley, no al revés.

Queremos saber quién es el propietario del ático de lujo de Marbella. Esa cantidad de dinero puede ser la punta del iceberg de una organización ilegal de narcotraficantes, políticos corruptos, traficantes de mujeres para la prostitución etc. ¿Por qué no contamos con el impulso del ministro del Interior sino al contrario? ¿Por qué ha cesado a los dos comisarios que han investigado el asunto? En tanto no responda a estas preguntas, en nuestra opinión este ministro del Interior no merece ser miembro del Gobierno de España.


José Manuel Sánchez Fornet es secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP)