El Gobierno asegura que bajar el sueldo a los funcionarios será lo último que haga

En su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, Beteta ha destacado que "pese a la gravedad de la situación", el Gobierno contempló en sus presupuestos una congelación salarial, en lugar de una reducción, aunque ha admitido que se incrementó en dos horas y media semanales la jornada laboral.

"No es fácil pedir sacrificios, pero los empleados públicos, garantía de independencia, ayudan al Gobierno, son motor del Estado y han estado siempre ahí para responder a difíciles circunstancias cuando nuestro país lo requería", ha ensalzado.

No obstante, ha asegurado que la función pública también necesita reformarse, "sobre todo redimensionarse para adaptarse y modelar su estructura a una sociedad con necesidades distintas" y, ha sostenido, los empleados necesitan "una tecnificación aún mayor".

Para Beteta, los datos del número de trabajadores públicos en los últimos diez años muestran que "en algo nos hemos equivocado" y que "es hora de rectificar" con "rigor" y "sin estridencias".

En ese sentido, ha dicho que desde 2001 el Estado ha reducido su personal en un 22% -163.880 personas menos- mientras que las CCAA lo incrementaron en un 44% -409.569 personas más- y las entidades locales en un 39% -181.031 más-.

"En tan solo diez años se ha incrementado el personal al servicio de las Administraciones Públicas en más de 444.000 personas, un 20% más, y creo que la población en ese periodo no ha crecido un 20% ni las necesidades tampoco", ha reflexionado.

Beteta ha indicado que esa situación está comenzando a cambiar y que, según los últimos datos, ha habido un descenso en el número de empleados públicos de 159.143 personas, un 5,92% menos que en julio del año pasado, lo que muestra que las administraciones están siendo "consecuentes" y "racionalizan" su personal.

Ha recordado que el Gobierno acometerá reformas legislativas para dotar a las administraciones de un "nuevo y definitivo marco" de función pública, que recogerá instrumentos de planificación, la estructura de la carrera administrativa, la regulación del régimen jurídico de personal, y cuestiones competenciales de mejora de los procedimientos.

Ha explicado además que se impulsará un "Estatuto del directivo público" específico para los gestores y altos funcionarios de la administración, que pretende acabar con "un vacío legal" que, a su juicio, "había situado en un extraño limbo las importantes funciones del colectivo".

Con esa norma, ha indicado, se establecerán las reglas sobre la vinculación entre el personal directivo y la administración, y se incluirá el desarrollo de los procesos de selección y evaluación, se redefinirán los procesos de selección y la configuración del régimen jurídico, y se llevará a cabo, además una "reasignación de efectivos del personal".