Cada día que pasa, se acumulan nuevos
datos contra el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial,
Carlos Dívar. Salen a relucir nuevos viajes sin justificar, o con
justificaciones falsas por parte del susodicho, lo cual agrava más las cosas.
Cada día que pasa, el Gobierno y el PP lo tienen peor para defender un caso que
si antes rozaba el escándalo, ahora se mete de lleno en él.
Eso es lo que tiene la justicia
politizada, que cae en la tentación de
ser corrupta. Si no hay que dar cuenta de los gastos de representación, ¿por
qué no aumentarlos? ¿Por que no convertir el cargo en un pasaporte gratuito
para el despilfarro?
Los más críticos ponen el dedo en la
llaga. Cenas para dos, facturas para
todos. Los impuestos de los ciudadanos en este tiempo de crisis han servido
para sufragar los caprichos gastronómicos y sentimentales de la máxima
autoridad judicial de este país.
Carlos Dívar convirtió días laborables
en festivos, inventó los fines de semana de cuatro días, y participó con
frecuencia en actos protocolarios que duraban una hora y luego se alargaban
innecesariamente en varias noches de hotel.
Ante estas pruebas, el presidente del
Consejo General del Poder Judicial, no aporta ningún argumento coherente. Tampoco ha sabido o ha querido explicar qué
meritos especiales posee un policía nacional de la escala básica para
convertirse en su ayudante personal, desempeñando funciones muy por encima de
su cualificación profesional y sentándose en mesas oficiales en viajes
institucionales.
El escándalo ya no se resuelve con una
salida digna, ni se soluciona con una dimisión. La pertinacia de este
magistrado en no reconocer sus excesos, está reclamando una investigación en
toda regla. Si hay corrupción, que caiga sobre él todo el peso de la ley, con
la misma dureza que ha caído sobre otros representantes judiciales.
El presidente de la Justicia ni puede, ni
debe escapar a la acción de la justicia.
Todo lo contrario, debe ser el primero en dar ejemplo. No se puede consentir que la justicia se
convierta, para quien la preside, en "licencia
para derrochar".
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