El Gobierno aprobó el lunes la orden ministerial que desarrolla el real decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas y tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.
La normativa definitiva recoge algunas novedades, sobre todo la referida al dinero en efectivo, por la cual, cualquier cantidad en ese estado que permanezca opaca a efectos del control de Hacienda podrá será regularizada con sólo haber sido depositada antes de realizar la declaración tributaria especial en una cuenta abierta en una entidad de crédito español, de otro estado de la Unión Europea, o en un estado integrante del espacio económico europeo que haya suscrito un convenio con España para evitar la doble imposición.
Muchos consideran que esto, en realidad, supone la posibilidad real de que se blanquee dinero negro procedente de actividades ilícitas sin apenas problemas, ya que basta con la palabra del defraudador para asegurar que procedía del último ejercicio fiscal y que no lo había declarado. A cambio de una pequeña tribulación, cercana al 8%, será suficiente para cerrar este tipo de operaciones. El resto de la ciudadanía quedaría claramente perjudicada por la diferencia de trato.
El PSOE, a través de su secretario de Organización,
Óscar López, denunciaba que "se va a poder blanquear dinero negro, incluso de origen delictivo", y anunció que acudirá al Tribunal Constitucional, así como a la justicia ordinaria para paralizar su aplicación.
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