Un país se declara en quiebra total o parcial cuando sus
cuentas públicas y su falta de liquidez no le permiten pagar sus deudas, tanto
a particulares como a organismos internacionales o terceros países. En esa situación, su alternativa es que organismos
supranacionales -como el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo
Monetario Internacional (FMI) o el conjunto de la UE- refinancien su
deuda a un determinado tipo de interés y con un plazo temporal concreto. En el
caso de España, lo que se está poniendo en duda es la capacidad del Estado para
sanear el sistema bancario, puesto que aunque lo hiciera, el esfuerzo requerido sería
de tal calibre que lastraría aún más la capacidad de salida de la recesión en
que estamos inmersos.
Cómo afecta a las finanzas
En lo que respecta a las finanzas el rescate afecta sobre todo, al mercado de la deuda pública, a
la Bolsa, al sistema financiero y a las divisas. Al Estado le cuesta más dinero
colocar su deuda en los mercados: debe pagar un mayor diferencial, la famosa prima de riesgo, con respecto a su
homólogo alemán. Respecto a los mercados de valores, son muy sensibles a
cualquier mala noticia sobre la economía de un país, por lo que los inversores
tienden deshacerse de sus activos en las
empresas de dicha nación.
Por su parte, los bancos se sitúan en medio de la espiral de
desconfianza: los consumidores, ante el desanimante panorama económico, pueden
optar por retirar su dinero. Además, las entidades son las principales
tenedoras de Letras del Tesoro, por lo
que una devaluación de éstas afectaría a su balance de cuentas. Por último, la
moneda se debilita cuando la solvencia nacional
está en duda (como es el caso del
euro), de modo que los inversores acuden a otras divisas que ofrezcan más
liquidez.
Y por último, el país perdería atractivo como destino de
inversión internacional. Además, las
multinacionales españolas tendrían más problemas para financiarse en los
mercados.
¿Y a los ciudadanos?
Cuando un país recibe un préstamo extraordinario, no le
queda más remedio que permanecer bajo vigilancia durante un determinado periodo
de tiempo para garantizar que cumple lo acordado. Por ese motivo los gobiernos
ponen en marcha un plan para reducir el déficit. Y éste se traduce, sobre todo
en recortes sociales y subidas de impuestos.
De hecho, la ciudadanía española ya está viviendo las
consecuencias de unos ajustes que tienen como fin reducir el déficit y evitar
un rescate, pero siempre cabe lugar al empeoramiento. El inmediato 'recortazo'
sería el que ya ha sugerido la Comisión
europea en su revisión del Plan de Estabilidad del Gobierno, a saber; reducción
en tiempo y cuantía del desempleo, puesta en marcha del retraso en la
jubilación, reforma del sistema impositivo y subida de impuestos...
El plan de rescate sin duda incluiría una corrección severa
de la marcha de reducción del déficit, lo que se traduciría en:
. Incremento de la carga tributaria, derivada de la necesidad
del Estado de ingresar más recursos con los que atender el servicio de la
deuda.
. Efectos negativos
sobre las rentas del trabajo o del capital, debido a un cúmulo de factores,
como la reducción de salarios de empleados públicos, cierre de empresas por la
caída de demanda, cancelación de contratos públicos por la necesidad de
recortar gasto...
. Más despidos en la función pública.
¿Qué han hecho los vecinos?
Como ejemplos, hay que recordar lo que se ha hecho en
nuestros países vecinos. Grecia, la primera en caer, ha subido cuatro puntos el
tipo general del IVA, del 19% al 23%, redujo las pensiones, incrementó el
periodo de cotización y elevó la edad de jubilación a 67; ha aumentado un 20%
los impuestos sobre tabaco, alcohol y carburantes, y redujo en un 16% los salarios
públicos.
Irlanda despidió a más de 24.000 funcionarios y bajó los
salarios de los miembros del Gobierno un 25%. Además, el sueldo mínimo
descendió un euro por hora trabajada, hasta los 7,65 euros. El IVA bajó medio punto pero en 2013 aumentará
al 22%, con un incremento posterior al 23% en 2014. También se encarecieron las
tasas universitarias en 500 euros. Respecto a las pensiones, hay retrasos progresivos
hasta los 68 años en 2028.
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