La hora de la verdad

Mariano Rajoy ha dado la cara para frenar el vértigo de la prima de riesgo por encima de los 500 puntos y el nuevo derrumbe de Bankia en la Bolsa tras conocerse sus pérdidas reales, unos 3.500 millones de euros frente a los datos previos de escasos beneficios, pero al menos números positivos, y la necesidad de 19.000 millones del Estado español para salir adelante. Pensábamos que el baile de cifras, de millones de euros había acabado de infartarnos cuando nos advierten de que hay más pérdidas por valoraciones más ajustadas. Pues eso. Por fin, alguien se atreve a hacer valoraciones más ajustadas y podemos pensar en un ejercicio de mínima transparencia para saber qué pasa, cuánto nos puede costar el dispendio de algunas entidades financieras, la mayoría menos BBVA, Santander y La Caixa, que se sepa.

Rajoy lo ha explicado perfectamente cuando ha explicado la decisión de saber de una vez de qué estamos hablando en un ejercicio de transparencia indispensable para el futuro, aunque en el más inmediato presente le cueste, nos cueste a todos, más de un disgusto. Sanear el sistema financiero es indispensable para emprender el camino de la recuperación por el crédito en condiciones normales a autónomos y pymes. Otra cuestión estriba en la credibilidad de España y de sus entidades para conseguir la refinanciación de la deuda y en la necesidad de una acción política contundente de la Unión Europea para respaldar al Euro de una vez aunque suponga una nueva cesión de soberanía. Es la hora de la verdad para todos aunque los procesos electorales puedan condicionar algunas conductas en Francia y en Alemania o en la propia España donde se descarta una intervención europea para sanear los bancos, algo en lo que están de acuerdo populares y socialistas. Pero, además de la necesidad de un gran acuerdo nacional para salir de la crisis, lo que se reclama en España es la depuración de responsabilidades por parte de los gestores de las entidades financieras quebradas y que precisan de la ayuda del Estado; y de los responsables de los órganos regulatorios como el Banco de España o del Gobierno nacional como el propio presidente o su vicepresidenta económica.