La nacionalización de Bankia, octava intervención del Estado en el sector

La controversia está abierta:  ¿Debe un Gobierno-Estado salvar un banco, o es más razonable dejarlo caer víctima de sus errores? Primero se empezó a hablar de intervención, luego, Dolores de Cospedal sostuvo que era una mera cuestión privada, y finalmente, hemos llegado al anuncio formal de que habrá nacionalización de Bankia. Los 4.500 millones prestados por el FROB se convertirá en acciones y éstas convierten al hasta ayer "banco de Rato" en banco público y propiedad "de todos los españoles". Hasta que esté en condiciones, se supone, de regresar a la actividad privada, vendido posiblemente al mejor postor. Es el asunto del momento, lo ha sido ya durante toda la semana transcurrida, una vez que el Gobierno decidió "tomar el toro por los cuernos" y resolver un asunto que venían reclamando el FMMI, el BCE y las restantes marcas bancarias. Los diarios, todos ellos, dedican sus atenciones preferentes a la decisión del Gobierno, y lo hacen empleando, muchas veces, las mismas palabras:  El Estado toma el control de Bankia, dicen El País, o La Gaceta Habla El Mundo de nacionalización precipitada. ABC titula el Gobierno nacionaliza Bankia. Bankia pública, es el titular de La Vanguardia.  El Estado carga con Bankia, dice El Periódico de Cataluña. En La Voz de Galicia, el Gobierno fuerza la nacionalización de Bankia para evitar la quiebra.  El Gobierno nacionaliza Bankia, dice Expansión y exactamente los mismos términos emplea Cinco Días. Sólo La Razón toma derroteros distintos: Rajoy relevará a Ordóñez el 12 de julio, tras nacionalizar Bankia. Escasa novedad, porque era el plazo previsto, al concluir su mandato...
 
Goirigolzarri, el nuevo presidente de la entidad intervenida, tiene ahora la tarea de llevar a término ese "proyecto de extraordinario futuro", como él mismo lo ha definido. De momento, el Estado ha tomado el 100 por 100 de la matriz, Banco Financiero y de Ahorros, BFA, y el 45 por 100 del banco para evitar su quiebra, y las empresas fundadoras, Caja Madrid, Bancaja y otras fundadoras, pierden sus activos financieros. De manera que la cuarta entidad financiera del país y la más expuesta al maltrecho sector del ladrillo, será controlada directamente por el Estado, convertido en accionista hegemónico de Banco Financiero y de Ahorro. "El Gobierno aportará el capital que sea estrictamente necesario para realizar los saneamientos precisos", aseguraba Economía en un comunicado emitido la noche del miércoles, tras dos días "de infarto" para inversores de Bankia y del resto de empresas cotizadas en bolsa. La matriz de Bankia fue, esta semana, protagonista de la actualidad económica con el relevo de Rato por Goirigolzarri,.La primera acción del nuevo consejo de Administración ha sido proponer que el Estado nacionalice esta entidad, y muy poco después, el Ministerio de Economía y Competitividad confirmaba que nacionalizará el 100% del Banco Financiero y de Ahorros, con lo que será el principal accionista de Bankia. Según la nota del departamento de De Guindos, "impulsará" el proceso de conversión de la deuda de las acciones del banco "ya que se considera improbable, a la vista de la situación de la entidad y de su grupo, que la recompra de las participaciones preferentes pueda llevarse a cabo dentro del plazo de 5 años".
 
Cabe recordar que esta actuación del Estado sobre un banco "privado" no es la primera: El largo proceso de intervención de entidades financieras tuvo su primera 'víctima' el 29 de marzo de 2009, cuando Caja Castilla la Mancha, CCM, se convirtió en la primera caja nacionalizada desde que el Banco de España tomara el control de Banesto en 1993, cuando Banesto estaba controlada por Mario Conde. En CCM, como en Bankia, el punto débil fue la alta exposición al 'ladrillo' y la alta morosidad. El Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas inyectó 2.475 millones de euros de capital y 596 millones de euros para créditos fallidos, así como una inyección de 3.000 millones de euros. Posteriormente, la entidad fue absorbida por Cajastur. En el momento de la caída de CCM aún no existía el FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, cuya constitución sería aprobada por el Parlamento el 8 de junio de 2009 para respaldar los procesos de integración voluntario entre las entidades financieras. El 21 de mayo de 2010, el Banco de España interviene, ante la situación al borde de la bancarrota de Cajasur, la caja cordobesa controlada por la Iglesia que, tras rechazar su fusión con Unicaja, se quedaba en una situación inviable. El ya constituido fondo de rescate inyectó 800 millones a la caja andaluza. Posteriormente BBK recibió una ayuda de 392 millones de euros para quedarse con la entidad. La CAM, Caja de Ahorros del Mediterráneo, se convirtió en julio de 2011 en la tercera caja intervenida por el Estado, con una inyección de 2.800 millones de capital y 3.000 millones más de liquidez. En septiembre, el Banco de España se vio incluso obligado a despedir de forma fulminante a la directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós, por falsear las cuentas. En la subasta de la entidad, el Banco Sabadell quedó como único postor y absorbió la CAM en diciembre de 2011 con unas ayudas iniciales de 5.259 millones de euros, además de una protección por las pérdidas no cubiertas que puede ascender a 1.200 millones de euros. Además, Catalunya Caixa pasó a manos del FROB el 30 de septiembre de 2011 al hacerse el fondo de rescate con el 90% de su capital al inyectar 1.719 millones de euros y actualmente se encuentra en proceso de subasta. Igualmente, Unnim requirió la intervención del FROB, que adquirió el 100% de la entidad catalana fruto de la fusión de las cajas de Sabadell, Terrassa y Manlleu. La entidad fue adjudicada en marzo de este año a BBVA por el precio simbólico de un euro y con ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones del sector bancario, por importe de 953 millones de euros. En septiembre también, el FROB se hizo con el 93% del capital de Novacaixagalicia, entidad a la que inyectó 2.465 millones de euros. Esta entidad, apoyada por Núñez Feijoo, se plantea actualmente dos posibles salidas: la subasta o el concurso público para parte del capital de la entidad, para dar entrada a varios fondos de inversión anglosajones con los que ha negociado. Esta última es la opción por la que apuesta Novagalicia, que necesita, para ello, que se le conceda un esquema de protección de activos (EPA), puesto que lo exigen los potenciales inversores. La penúltima intervención por parte del Banco de España tuvo lugar a finales de noviembre del año pasado, cuando el organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez decidió destinar 3.000 millones de euros de dinero público a sanear Banco de Valencia, 1.000 millones para fortalecer su capital y 2.000 millones de línea de crédito para asegurar su liquidez. El peso del Banco de Valencia, que estaba controlado por Bancaja, en el sistema bancario español, era del 0,74% del total de los activos, según los datos que maneja el organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Mafo, de otro lado, y una vez más, se convierte en personaje centro de debates. ¿Ha actuado con la suficiente presteza, le ha dejado oportunidad para decidir el ministro de Guindos? En todo caso, La Razón ha anuncia la fecha de su cese, el  12 de julio. Habrá cumplido totalmente su mandato y seguirá la controversia sobre si lo ha hecho bien o no...