La denuncia de Gómez Benítez hace temblar los cimientos del Poder Judicial

En medios judiciales no pasa desapercibido que la denuncia de José Manuel Gómez Benítez contra el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, por pagarse, supuestamente, hoteles de lujo en Puerto Banús a cargo de los presupuestos del Consejo, se haya producido una semana después de que el exjuez Baltasar Garzón haya protestado públicamente porque le redujeran la escolta y, sobre todo, porque le quitaran el coche oficial. Hay quien en medios judiciales señala que podría apreciarse hay una relación de causa-efecto.

Quienes así lo piensan dentro de la carrera judicial tienen en cuenta por un lado el carácter de este vocal del CGPJ, y por otro, el conocimiento de que Gómez Benítez es íntimo amigo del exjuez Garzón, de quien fue, además, abogado. Pero citan específicamente que Gómez Benítez es un hombre de absoluta confianza del líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Para esos medios, la conclusión es obvia: ¿está pensando el PSOE desestabilizar el actual Poder Judicial?

De Gómez Benítez muchos recuerdan su actuación como uno de los cuatro negociadores del Gobierno con ETA entre 2006 y 2007. Es cierto que, en buena medida, la dureza de su carácter supuso un impedimento para un culminar diálogo con la banda terrorista, pero no es menos cierto que cumplía al pie de la letra las órdenes que le impartía directamente Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior y sobre quien pivotaba toda la negociación con la banda armada.

Tras aquella aventura, Gómez Benítez obtuvo una vocalía en el CGPJ a propuesta del PSOE con la misión -nunca confesada, pero evidente- de hacerse con el control del órgano de gobierno de los jueces en un momento que se adivinaba especialmente delicado. No pudo ser; Gómez Benítez fue nombrado vocal, pero no logró convertirse en el núcleo motor de ese Consejo General renovado y se quedó en un discreto tercer plano, con escasas funciones.

El origen de la denuncia contra Dívar

Siguiendo este orden cronológico, hace unos meses, otro vocal del CGPJ, al apreciar el aumento desmesurado de gastos en cuestiones como viajes, etcétera, convención a la Comisión Permanente para solicitar todos los gastos obrantes en esos conceptos. La idea era transmitir la necesidad de que en estos tiempos de crisis la austeridad se asentara también en el Consejo General. El objetivo se cumplió: los gastos se redujeron considerablemente.

Sin embargo, los órganos correspondientes no facilitaron en un primer momento toda la información relativa al presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar. Ahí es donde Gómez Benítez inició su particular investigación, según las fuentes consultadas por Diariocrítico. Los servicios del CGPJ remitieron entonces -esta vez sí- toda la documentación de la que se disponía con respecto a viajes, pagos, etcétera, de Carlos Divar.

Gómez Benítez siguió insistiendo para que se desgranara cuáles de aquellos viajes habían sido oficiales y cuáles fueron de origen privado, al observar que en un año se habían producido no menos de cuatro estancias aparentemente no justificadas en lujosos hoteles de Marbella y Puerto Banús.

En este punto es donde las fuentes difieren: algunos señalan que los servicios del Consejo explicitaron que al menos cuatro viajes a Puerto Banús habían sido privados, pero que se habían pagado, según se deducía de los informes de gastos, por el Consejo General en vez de por el propio presidente del organismo. Y según otras fuentes, Gómez Benítez habló con Carlos Dívar para que abonara esas cantidades, obviando tal recomendación.

La denuncia ha caído como una bomba en el seno del CGPJ, mientras Dívar ha desmentido los datos ofrecidos por Gómez Benítez y afirma en una nota oficial emitida en la mañana de este miércoles que siempre ha desligado los viajes oficiales de los privados, muestra su "sorpresa" por la citada denuncia y se pone a disposición de la Fiscalía para entregar cuanta documentación requiera.
Llegados a este punto, medios judiciales dicen que ahora toca esperar a ver qué decide la Fiscalía, pero ven dos posibles caminos antagónicos: que el fiscal decida que puede haber causa e inicie una investigación, con lo que Dívar estaría moralmente obligado a dejar su cargo; o que el fiscal archive la denuncia, con lo que Gómez Benítez quedaría bajo los pies de los caballos y Dívar fortalecido.

Otras fuentes ven como origen de esta explosión controlada de Gómez Benítez motivos mucho más políticos. Pero ésa es otra historia.