El informe comienza anunciando el "fuerte compromiso de consolidación fiscal" y "la restauración de la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas" que tiene el Gobierno para "frenar la dinámica ascendente de nuestra deuda pública". En este sentido hace un repaso de las leyes que ya están en marcha como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el mecanismo de financiación a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para pagar a los proveedores, así como le Ley de Transparencia aprobada por el Consejo de Ministros y aún en fase de anteproyecto. Según el Gobierno, si estos objetivos se cumplen, habrá una reducción a corto plazo de 100 puntos básicos de la prima de riesgo (pg. 53).
En el documento también se explica la reestructuración de las Administraciones Públicas que acaba de iniciar el Gobierno, que supondrá una importante "disminución de recursos humanos y materiales" en todos los ámbitos. Se detallan en este sentido las profundas reformas del Sistema Nacional de Salud para "garantizar en el futuro unos servicios sanitarios de máxima calidad"; del Sistema de Atención a la Dependencia; del Educativo; de la Justicia -que dejará prácticamente de ser gratuita- y de la Seguridad Social, también anunciados ya por el Gobierno.
En este último apartado, el de la Seguridad Social, el gobierno reconoce la necesidad de hacer una "profunda reforma" dado el envejecimiento de la población, con la jubilación obligatoria a los 65 años sin que los trabajadores que se acojan a ella puedan ser sustituidos. No obstante, admite la posibilidad de retrasar la edad de la jubilación hasta los 67 años, una medida tomada por el Gobierno de
Rodríguez Zapatero a la que se opuso el PP. A todo ello, se añade la lucha contra el fraude que ya ha emprendido el Gobierno y el proceso de privatización de las televisiones autonómicas.
Por si no hubiera ya bastante subidas de bienes y servicios, el informe no descarta que pueda haber en el futuro nuevos aumentos en el precio del gas y de la electricidad. Y además de confirmar el incremento de los precios de los peajes en las autopistas, abre la posibilidad a crear una nueva tasa por utilización de las autovía públicas, en la línea de lo que acaba de anunciar
Esperanza Aguirre.
Entre la página 22 y la 24, el documento enviado por el Gobierno a Bruselas inserta una tabla resumen con todas las reformas que entran en 'la hoja de ruta' de
Rajoy. En la 51 se inserta una tabla con los "efectos a largo plazo de las reformas" y en la 57 otra con las "contribuciones de las reformas al crecimiento potencial entre 2012 y 2020".
El informe incluye un pormenorizado análisis de los antecedentes y motivos de la caída en picado de nuestra economía y el desmesurado aumento del déficit que se ha ido registrando desde 2008, año en el que se empezó a notar el azote de la crisis. Eso sí, en la página 38, se reconoce que en 2007 -durante el mandato de Zapatero, al que evidentemente no cita en ningún momento - las cuentas del Estado se cerraron con un superávit del 1,90 que contrasta con el déficit del 4,5% del PIB que se registró al año siguiente y que ya barruntaba el devenir de nuestra economía.
El Gobierno presenta otra tabla (pag.70) en la que da cuenta de la "Proyecciones Presupuestarias entre 2012-2015" en la que ratifica el cumplimento de los 'deberes' impuestos por Bruselas. Respecto a la reforma laboral que tramita todavía el Congreso, reconoce que va a suponer "a partir de 2014 un abaratamiento generalizado del factor trabajo".
En definitiva, que Rajoy tenía y tiene una 'hoja de ruta' clara que pasa por seguir aplicando duras reformas, pese a las críticas que está levantando en la oposición y las acusaciones de "improvisación" que le hace el PSOE.
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