El sistema sanitario tal y como lo conocemos puede estar
llegando a su fin, o no. En medio de una guerra de mensajes contradictorios y
ambigüedad por parte del Gobierno lo único que tenemos claro es que el gasto de
la sanidad española se verá recortado en 7.000 millones de euros más. Ambos
ministros económicos, el de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Economía, Luis
de Guindos han asegurado que en dos semanas se concretarán los planes de esta
reforma de sanidad que ya empieza a arrastrar una fuerte ola de reacciones.
A raíz del nuevo paquete de recortes de 10.000 millones de
euros entre Sanidad y Educación (
7.000 en Sanidad y 3.000 en Educación), el
Ejecutivo pretende reducir gastos implementando cambios en las áreas de
transporte sanitario, cartera de servicios básicos, y pago de medicinas
en
función de la renta.
Sobre el "brutal" recorte
de 10.000 millones la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso,
Soraya Rodríguez,
ha alertado de que supone
"cargarse" el vigente modelo sanitario y
educativo porque se va a traducir en un "cambio radical y absoluto"
del mismo que, según su pronóstico, traerá consigo "menores
prestaciones" para los ciudadanos y que haya que pagar por algunas de
ellas.
Agarrándose a unas declaraciones del ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, sobre la necesidad de revisar la cartera de prestaciones
sanitarias, la portavoz socialista ha augurado que "se reducirá el número
de prestaciones sanitarias a las que los ciudadanos tienen derecho y se
incrementará el número de prestaciones sanitarias que los españoles tengan que
pagar".
En respuesta, el portavoz del Grupo Popular,
Alfonso Alonso ha querido dejar claro que el ahorro de 10.000
millones de euros no es un recorte adicional a los Presupuestos Generales del
Estado para este año, sino que es "el resultado de otras reformas" que el
Gobierno piensa rematar con las comunidades autónomas.
Sin embargo las reacciones de las comunidades autónomas han
sido más bien variopintas porque no todas ven en la reforma sanitaria una
medida positiva para sus ciudadanos.
País Vasco
La consejera de Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno vasco,
Isabel Celaá, ha asegurado este martes que el Ejecutivo vasco
"no suscribirá" los recortes en Educación y Sanidad anunciados por el
Ejecutivo central. Asimismo, ha apuntado la posibilidad de "ir a los
tribunales" si el Gobierno "decide invadir" las competencias
autonómicas. Ha criticado la "falta de concreción y la escasez de
detalles" que rodean el texto hecho público por el Ejecutivo central. Sin
embargo, en su opinión, el simple anuncio "supone un ataque directo a las
líneas rojas" establecidas por el Gobierno vasco, que fijaban ambas áreas
como "intocables".
Generalitat catalana
El portavoz
del Govern,
Francesc Homs,
sugirió al Ejecutivo de
Mariano Rajoy que estudiara la posibilidad de introducir
el copago sanitario
en la manutención de los enfermos
de los hospitales,
con algunas exenciones, por ejemplo, para pacientes con rentas bajas.
Según Homs, la polémica que se ha registrado con declaraciones de dirigentes
del Gobierno y del PP sobre la implantación del copago "genera una
desconfianza notable" en los mercados y un "grandísimo
desconcierto" en países como Alemania, donde "ya se utilizan"
fórmulas de copago para hacer sostenible su modelo de bienestar.
Generalitat valenciana
María José Català, consejera valenciana de Educación,
Formación y Empleo, señaló que en la Generalitat estaban tranquilos porque consideran
que esas medidas "son necesarias y que sólo van a poner en valor algo que es
muy importante en la Administración, que es la racionalización y optimización
de los recursos públicos que son el dinero de todos".
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