Conocido el primer trazo de los presupuestos, y
visto en que se centran, hay dos
aspectos a considerar. El primero
se refiere a su credibilidad e
influencia en el crecimiento. El segundo,
a si la espera puede considerarse
justificada en atención a las partidas sobre las que descansa el ajuste.
Comenzando por las
grandes cifras, el detalle de lo conocido atiende a lo que se plantea para la Administración General
del Estado, que incluye la administración central y la Seguridad Social
que en 2011 registraron un déficit
conjunto del 5,2% del PIB (5,1%+0,1%=55.700 mill) y que habrá de reducirse este
año al 3,5%. El resto hasta el 5,3 % pactado con Bruselas corresponde a
administraciones autonómicas (1,5% vs 2,9% en 2011) y locales (0,3% vs 0,4%).
Ahí habrá que buscarlo. De la cifra total para la Administración General
(27.300 mill), algo menos de la mitad
derivará de mayores ingresos (12.314) y el resto de reducción de gastos. De los ingresos, el incremento mayor será a
través del impuesto de sociedades (+17,8%), al margen de la partida de otros
ingresos tributarios (+40,8%) que recogerá lo recaudado por la amnistía
fiscal.
A
la vista de estos grandes números y que, como el Gobierno
insiste en señalar, no se toca ninguna partida de las llamadas sociales
(pensiones y seguro de desempleo) ni tampoco el sueldo de los funcionarios, cabría preguntarse cual es el motivo de
haber retrasado su presentación, que salvo en lo que concierne a la
amnistía fiscal (ciertamente barata, pero que no hace más que hacer público lo
que ya se venia negociando con los defraudadores en privado por el anterior
gobierno), no tiene nada de lo que pueda considerarse políticamente
sensible.
No es extraño pues que, nada más conocerse, alguna voz del
BCE se haya pronunciado acuciando a su puesta en marcha inmediata. Parece como
si dijese ¿y para esto hemos tenido que
esperar? Lo mismo podría decir cualquiera, de modo que nada que reprochar
al quejoso del BCE. La verdadera cuestión es si esto permite cumplir con lo
comprometido, si contribuye a salir de la crisis, si ayudará a que los mercados
nos dejen tranquilos, y como influenciará en el euro. Casi ná.
Un breve sobre esto. El
Gobierno actúa de urgencia. Lo está haciendo en todo. Salvo en la reforma
laboral, y con matices, todo lo que ha anunciado es un ejercicio al límite de
lo posible sin alterar las viejas estructuras. Y en ese modelo ya está "tocando
hueso". Después del gobierno posibilista, ahora tiene que venir el
gobierno reformista. Solo con las
medidas posibilistas la respuesta a lo que denominamos verdadera cuestión, es
NO. Por si acaso, y mientras nos
adentramos en comprobar si hay la voluntad primero y el margen de tiempo
necesario después, en la UE
refuerzan el fondo de rescate a la manera que lo hace la UE, como se hacen las cosas
cuando no queda más remedio, a regañadientes y trampeando. Eso significa que
aunque España esté al límite, que está, la gestación de un estado de opinión
que vuelva a cuestionar la capacidad europea para salir de esta crisis, ya no
es algo de lo que pueda responsabilizarse a lo que ha hecho o dejado de hacer
el gobierno español. Saber de ese peligro, hace un manojo de nervios de este
gobierno, pero solo porque sabe que es el eslabón
más débil.
Si (
No(
