POLÍTICA: Eficacia forzada en 100 días de gobierno

El Gobierno de Mariano Rajoy ha realizado una ingente tarea en sus primeros 100 días con la toma de decisiones cruciales para la estructura del modelo económico y social de España. No tenía margen, es cierto. La situación crítica amenaza con una intervención mucho más directa de lo que ya es por parte de los acreedores: los mercados, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional; y exige desde hace tres años un acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas que no se produce por la escasa categoría de los dirigentes políticos; actitud que castiga el barómetro del CIS en cada entrega porque los ciudadanos consideran a la clase política como el tercer mayor problema detrás del paro y de la situación económica.

El nuevo ejecutivo del PP sabía perfectamente a lo que se enfrentaba, más allá de que las cifras cuadraran con lo previsto, incluso cuando se confirmó el mazazo del déficit en el 8,5%, en lugar del 6% comprometido con Bruselas por parte del gobierno saliente de Rodríguez Zapatero, desviación hacia el abismo que hace imposible que se recorte en un año 60.000 millones de euros. La estrategia de Mariano Rajoy afrontando globalmente la crisis es acertada aunque las reformas emprendidas: estabilidad presupuestaria, sistema financiero, laboral y pago a proveedores necesiten tiempo para dar sus frutos. La más decisiva es la reforma del sistema financiero por la imperiosa necesidad de recuperar el crédito que favorezca la actividad económica y la creación del paro. Ante la enorme precariedad de las entidades financieras, atascadas en una deuda asfixiante y un pasivo inmobiliario que lastra la capacidad de maniobra y no va a favorecer la recuperación del crédito en los próximos meses, el plan del pago a proveedores con la concesión a los ayuntamientos y Comunidades Autónomas de créditos por valor de 35.000 millones de euros va a significar un chorro de dinero fresco en el mercado que va a permitir parar la sangría de la destrucción del empleo entre los autónomos y en las pequeñas y medianas empresas, creadores del 80% de los puestos de trabajo en España, y va a significar una cadena de estímulo para la actividad económica que tiene que respaldar la nueva Ley de Emprendedores. Justo antes de los 100 días de gobierno, Mariano Rajoy ha sufrido su primera huelga general en protesta por la reforma laboral.

En poco tiempo sabremos del éxito o del fracaso de esta contestación sindical a la decisión del Ejecutivo de modernizar las relaciones laborales, pero lo que queda claro es la decisión acertada y valiente del presidente del Gobierno de afrontar las reformas imprescindibles, de calado, de futuro que necesita España. No va a ser un camino fácil porque los empresarios deben responder con compromiso y responsabilidad para jugar el papel que deben en la economía española y el reto que planea sobre todos los españoles es recuperar la confianza en nosotros mismos, en nuestras instituciones y dirigentes y presionar para que la Unión Europea realice una política común y no esté pendiente de los intereses electoralistas de los dos grandes países.