El Instituto Catalán del Suelo, denunciado por falsedad, prevaricación y estafa

Los hechos finales que han dado lugar a la querella contra el Instituto Catalán del Suelo tuvieron lugar en octubre de 2010, cuando Incasol, de forma inesperada y sin aviso previo, decidió cancelar el concierto de finanzas que mantenía desde hacía una veintena de años con la administradora de la sociedad Riva y García, Fincas Gestión, SL, cuyo objeto social es la gestión de patrimonios, tanto en régimen de Propiedad Horizontal (comunidades de propietarios) como de propiedad vertical (gestión de pisos arrendados por cuenta de la propiedad).

La administradora de la sociedad Rivas y García, propietarios de inmuebles, mantenía con el Instituto Catalán del Suelo un concierto para depósitos de fianzas procedentes de los contratos de arrendamientos suscritos por sus clientes (los arrendadores) con el número A0067. Por este concierto, la administradora de fincas y sus clientes están obligados a ingresar en el área de Fianzas de Incasol (según los términos del concierto) el importe de las fianzas abonadas por los arrendatarios, sobre los contratos de arrendamientos suscritos.

Esa obligación es la que tienen todos los arrendadores, pero, en virtud de los conciertos de este tipo, la operativa de funcionamiento del abono de las fianzas de los arrendatarios consistía en que el administrador de fincas colegiado, en este caso el querellante, realizaba liquidaciones trimestrales de las altas y bajas de las fianzas, según los contratos de arrendamiento celebrados o resueltos.

Así, el administrador de fincas debe ingresar trimestralmente en la caja del Instituto del Suelo el 90 % de todas las fianzas realizadas, descontando las canceladas en el mismo periodo, por un sistema de compensación, y procediendo al abono o solicitud, en su caso, de devolución de las cantidades correspondientes, acompañando una relación de altas y de bajas, así como los contratos de arrendamiento suscritos.

Es decir, que el ingreso es del 90 % de las fianzas (los querellantes han llegado a gestionar más de 40.000 recibos anuales derivados de contratos de alquiler de sus clientes) y que los pagos a Incasol por las altas se compensan con las bajas. Y así durante 20 años, pero en octubre de 2010, Incasol decidió unilateralmente rescindir el concierto y a partir de ahí se inició una rocambolesca historia que ha acabado en los juzgados: Incasol ha embargo bienes de la administradora de fincas mientras que ésta reclama al Instituto Catalán del Suelo un total de 118.851,78 euros.

En toda esta historia, según la querella a la que ha tenido acceso Diariocrítico, se mezclan supuestas prevaricaciones de altos funcionarios de Incasol, supuestas falsedades documentales -documentos 'falsificados'- y presunta estafa. En total, figuran como querellados cuatro altos cargos de Incasol, además del propio Instituto.

¿Persecución urbanística?
Hasta ahí los hechos sucintos. Pero en el fondo de esta historia subyace otra mucho más compleja que, supuestamente, tendría que ver con la urbanización de unos terrenos en Santa Cristina d'Aro, en Gerona. Ahí es donde aparece, supuestamente, el nombre del presidente de una importante editorial española y, posteriormente, un bufete de abogados ligado a uno de los políticos más ilustres de la transición.

Dice la querella: "debido a la compra en el año 2004 de unos terrenos, calificados como suelo industrial en Gerona, en Santa Cristina d'Aro, y por diversas cuestiones, que no vienen ahora al caso, otra mercantil propiedad de la familia de mi mandante, denominada Vara Real Estate, SL, suscribió ventas de terrenos y convenios urbanísticos con el Incasol. Convenios que fueron incumplidos por Incasol, y resueltos recientemente, pero que desde finales del 2010 y el pasado año 2011, constituyeron el centro de  numerosas presiones e intentos de negociación por parte del Incasol, tanto a través de sus empleados, como a través de los servicios jurídicos que en ese momento tenían contratados, en concreto el despacho de abogados Roca Junyent, con mi representada".

Según fuentes querellantes, la historia de forma sucinta sería la siguiente: los terrenos industriales objeto de litigio en Santa Cristina d'Aro estaban situados enfrente de una finca propiedad de un importante editor. Por alguna razón aún no determinada, el alcalde de la localidad y el propio Incasol entraron en el asunto para que no se edificara allí, y se llegó a un acuerdo por el que Incasol compraba la mitad del suelo y cambiaba el resto por otro terreno similar en otro sitio, pero esta vez para urbanizar. Eso ocurría en 2006.

Sin embargo, posteriormente el proyecto urbanizador se iría frenando -supuestas dilataciones en el expediente por parte de Incasol-, llegó la crisis económica y se frenó definitivamente. Incasol, según esas fuentes, propuso a los querellantes otro acuerdo: renuncia al acuerdo anterior, indemnización de 300.000 euros y firma de otro convenio distinto. Los querellantes aceptaron, pero tras firmar la renuncia al anterior convenio, Incasol les diría que no hay nada nuevo que firmar. Y es en ese momento cuando se dan las situaciones cruzadas reseñadas anteriormente: los querellantes se lanzaron a los juzgados, y paralelamente en el tiempo Incasol procedió a la cancelación del concierto de finanzas que mantenía desde hacía muchos años con la administradora de fincas y con la sociedad Riva y García, Fincas Gestión, SL.

¿Hay relación de algún tipo entre la acción y la reacción de Incasol? Se anuncia una nueva querella que puede dar muchas pistas en este oscuro asunto.