El Estado encoge

Dentro de los planes de recorte del gasto público el Gobierno ha decidido cerrar empresas públicas que, solo en sueldos de sus consejos de administración, costaban a los contribuyentes  más de un millón de euros. Hasta aquí todo muy bien. Algunas de estas empresas, perfectamente desconocidas para la mayoría de los ciudadanos, no tenían, además, la posibilidad de crear más puestos de trabajo. Y, en algunos casos insólitos, llegaban a tener un consejo de administración que superaba el número de trabajadores. Demasiados jefes emplumados para tan pocos indios.

   Ni una lágrima por los afortunados consejeros que han cobrado sueldos públicos por asistir a meras reuniones de unas empresas que se han demostrado perfectamente prescindibles. Pero ¿y los trabajadores de SEVALAE, AEC, CIREX, IMPROA, RENO,IZF y así hasta veinticuatro sociedades, más otras cuarenta y tres en las que el Estado desinvierte?  Seguramente el Gobierno ya los tenía incluidos en la lista de 600.000 españoles que van a perder su puesto de trabajo (pese a la reforma laboral) de aquí a Navidad.

   Teniendo en cuenta que en nuestro país existen más de cuatro mil empresas públicas, la gran mayoría dependientes de las comunidades autónomas, parece más una iniciativa cara a la galería, a modo de ejemplo a seguir, la decisión de cerrar solo veinticuatro sociedades estatales. Muchas de ellas, como la sociedad pública de alquiler, creadas por el Gobierno anterior y que no contaban con la simpatía de los recién llegados.

   Mientras las autonomías, tan necesitadas de dinero, no apliquen la misma fórmula, en lugar de estudiar con el mayor secretismo distintas modalidades de copago sanitario, la decisión aprobada el viernes en Consejo de Ministros y vendida como eficiente gestión por parte de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, solo será un brindis al sol que pagaran con el despido los empleados de las que van a ser cerradas.

   Teniendo en cuenta la polémica suscitada esta misma semana, a cuenta de los familiares de altos cargos que encuentran grato acomodo en empresas públicas, ahora que tan difícil resulta hallar empleo, se comprenden las dificultades de los gobiernos autonómicos para echar el cierre a entidades que dan cobijo a primos, cuñados, hijos y hermanos de los ahora en el poder.

   Esto ha pasado siempre, independientemente del color del Gobierno. Lo sangrante es que ahora no hay trabajo. Que un cincuenta por ciento de los jóvenes, suficientemente preparados, están en paro y sin perspectivas de encontrar ni siquiera un puesto de mileurista. De ahí que no sea aceptable la figura de un Estado (central o autonómico) convertido en empleador de familiares a costa del erario público y en entidades irrelevantes .

   ¿Va a estar peor administrada Red Eléctrica porque el marido de María Dolores de Cospedal no forme parte de su Consejo? No. Los únicos perdedores van a ser los empleados de las empresas cerradas. Con ellos toda la solidaridad.