Día D contra lo público: traslados en Cataluña, menos vacaciones en Valencia, cierre de sociedades...

En el plano estatal, el Consejo de Ministros ha aprobado la supresión de 24 empresas estatales, el 17% total, aunque también desinvertirá en otras 8 sociedades públicas (el 6% del total) y agilizará la liquidación de otras 13 empresas.

Así lo ha adelantado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha dicho que además el Estado desinvertirá participaciones minoritarias en otras 35 sociedades mercantiles. De esta forma, el Gobierno pretende poner "orden en casa" con medidas que afectan a un total de 80 empresas públicas, a lo que se suma la extinción o fusión de 9 fundaciones.

Esta medida, según Sáenz de Santamaría, supone "el primer paso" de un proceso que el Gobierno espera que se produzca de forma "idéntica" en las comunidades y ayuntamientos para poder aplicar criterios de "eficiencia, economía y estabilidad presupuestaria". La vicepresidenta no ha dado una cifra del ahorro que supondrá esta medida, aunque sí ha avanzado que la eliminación de las empresas reducirá en 154 el número de consejeros, lo que supondrá un ahorro de 1,8 millones en sueldos y dietas.


Pymes y autónomos, pendientes de más de dos tercios de impagados

Los ayuntamientos españoles tienen facturas pendientes con casi 63.500 pequeñas y medianas empresas (pymes) y 50.259 autónomos, según consta en el listado que estas corporaciones han entregado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para acogerse al plan de pago a proveedores aprobado por el Gobierno.

Así lo ha explicado este viernes la vicepresidenta del Ejecutivo donde ha recordado que el jueves finalizó el plazo para que los ayuntamientos comunicaran a Hacienda sus facturas pendientes y tienen hasta el 31 de marzo para entregar también su plan de viabilidad para hacer frente a la devolución de los créditos que pedirán dentro del plan de pago a proveedores.

Para Sáenz de Santamaría, este mecanismo de pago, en el que participarán la mayoría de los bancos españoles así como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), "va a ayudar" a que las pymes y autónomos "tengan liquidez y puedan mantener su actividad económica y nivel de empleo".



En Valencia

Los profesores de la Comunitat Valenciana deberán estar "a disposición" de la administración durante el mes de julio, periodo laborable pero no lectivo, para realizar tareas de formación o actividades de refuerzo para combatir el fracaso escolar.

Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, durante la rueda de prensa posterior al pleno, en la que ha informado sobre el borrador de la nueva Orden que regirá el calendario escolar en la región. El documento pasará ahora a las mesas sectoriales y el objetivo del Gobierno valenciano es que entre en vigor el próximo curso escolar.

   Císcar ha explicado que el objetivo de esta medida es "clarificar" que el periodo vacacional de los docentes comprende del 1 al 31 de agosto inclusive y que, tras el fin de las clases, julio es un mes laborable pero no lectivo.

   Además, la nueva Orden retrasa hasta el 24 de diciembre el inicio de las vacaciones de Navidad para incrementar las horas lectivas, abre la puerta a la posibilidad de impartir clases en horario de mañana y tarde en Infantil y Primaria durante los meses de junio y septiembre para favorecer la conciliación, y permitirá a los centros solicitar la jornada continua, que tendrá que ser autorizada por la administración.



Movilidad para funcionarios

En Cataluña, la Generalitat ha presentado esta mañana a los sindicatos, en la mesa de la Función Pública, un plan de reordenación del sector público que prevé que los departamentos puedan modificar las condiciones laborables, tareas y horarios tanto de los funcionarios como los laborales en función de las necesidades de la administración. La medida afecta a unas 45.000 personas: los técnicos y administrativos, y excluye a maestros y sanitarios. También prevé traslados geográficos forzosos. "Es lo mismo que hace la reforma laboral para las empresas privadas, aplicado al sector público", han clamado los sindicatos presentes en la mesa por boca de la representante de CC OO, Montse Ros. El Departamento de Gobernación tiene previsto llevar el plan a la reunión del ejecutivo el próximo martes y se da de tiempo hasta octubre para realizar un diagnóstico de la situación global y comenzar a aplicar las medidas.

El plan, que lleva por título "Plan de Ocupación por la racionalización de la organización y optimización del personal al servicio de la Administración de la Generalitat de Cataluña 2012-2014", también concreta la reducción del 15% jornada y salario que a partir del 1 de abril aplicará a los interinos. Los afectados serán 6.800 interinos, una medida de la que se excluye a bomberos, agentes rurales, auxiliares técnicos y especialistas servicios penitenciarios, veterinarios. La aplicación se demora en las áreas de atención a la infancia y de los centros de justicia juvenil. El mayor colectivo afectado son los 3.500 administrativos y subalternos que trabajan en las escuelas. El resto, está muy repartido por los departamentos, han explicado.

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