España 'mete en el cajón' la causa contra el gobierno de Bush por Guantánamo

Así, por once votos frente a cinco el Pleno ha confirmado la decisión tomada hace casi un año por el juez Eloy Velasco, que acordó el 15 de abril de 2011 el sobreseimiento provisional de la causa. Según explicó entonces el juez no existen suficientes vínculos en España que permitan considerar a la Audiencia Nacional competente para investigar los hechos.   

El magistrado agregaba que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había constatado "la persecución e investigación de los hechos denunciados" en su territorio y destacaba que, además, son las autoridades norteamericanas las que tienen a su disposición a los denunciados. "En aplicación del principio de subsidiariedad, ante el carácter preferente de su jurisdicción" --decía el magistrado-- procede sobreseer de forma provisional la causa.

Los querellantes aseguraban que dos de los presos de la prisión, a los que representan, tenían la nacionalidad española motivo que les conducía a presentar la denuncia en España. No obstante el magistrado destaca en su auto que esta "españolidad" ha quedado "escasamente acreditada".

Las autoridades norteamericanas tardaron en remitir su respuesta y el juez Velasco se vio obligado a reiterar su petición en abril de 2010 y a hacerlo de nuevo en octubre de ese año.

Técnicas de tortura

En la querella presentada ante el juez Velasco se acusaba a los creadores de la prisión de privar de derechos fundamentales a los prisioneros, estructurar técnicas de interrogatorio que abarcan la tortura y "establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que han participado en lo sucedido en el Centro de Detención de Guantánamo".

En concreto, la acción penal estaría dirigida contra el consejero general del vicepresidente Dick Cheney, David Addington; el asistente del fiscal general Jay S. Bybee; el subsecretario de Defensa para Asuntos Legales, Douglas Feith, el consejero general de la Oficina del secretariado de Defensa William J. Haynes; el segundo asistente del fiscal general John Yoo y el consejero de Bush Alberto R. Gonzales.

Según la denuncia, los hechos se remontan a los ataques contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, que provocaron que "el anterior Gobierno norteamericano diera inicio a lo que en esa administración se entendió como una guerra sin pausa contra el terrorismo".

Esta no es la única causa que investiga en la Audiencia Nacional la prisión y las presuntas torturas que sufrieron en ellas varios reclusos. El Juzgado Central de Instrucción número 5 mantiene abierta una investigación sobre los malos tratos sufridos por el preso marroquí Lahcen Ikassrien después de que la Sala de lo Penal considerara que, en este caso, su residencia y arraigo en España avalaban la competencia del órgano judicial español.