Reforma laboral: argumentos que no conectan

Antes se decía que se estaba dando un diálogo de sordos. Ahora, por respeto a las personas con problemas auditivos, no empleamos esa metáfora, entre otras razones porque con el lenguaje de signos también los sordos dialogan. Pero el sentido de la metáfora sigue teniendo validez cuando sucede que hay un intercambio de argumentos que no se conectan, como está sucediendo con el debate sobre la reforma laboral.
El Gobierno que la plantea no acepta que se estén recortando derechos; sólo asegura que la reforma es necesaria. Los sindicatos y la izquierda sostienen que se recortan drásticamente los derechos, pero eluden el debate a fondo sobre si es o no necesaria. Y así pueden seguir argumentando hasta el infinito.
Comencemos por el principio: la reforma laboral sí recorta efectivamente derechos adquiridos. Puede argumentarse que no son derechos fundamentales (de los derechos laborales recogidos en la Declaración Universal de DD.HH.) pero son derechos progresivos obtenidos con el avance del Estado de Bienestar. Así que negar este hecho (recorte de derechos) no nos lleva a ninguna parte.
Ahora bien, la pregunta es: ¿Este recorte de derechos progresivos es necesario para relanzar la economía y remontar la crisis, con lo que tenderá a recuperarse el empleo? Esta es la pregunta continuamente rehuida por los contrarios a la reforma laboral. Y no es admisible una respuesta a medias, como por ejemplo que la recuperación del empleo no sólo depende de la reforma laboral sino del incremento del crédito para las pequeñas y medianas empresas. Esto último es verdad, pero no invalida la necesidad de recuperar la rentabilidad de las empresas, algo que también es imprescindible para salir de la crisis.
Ahora bien, para recuperar la rentabilidad empresarial en las condiciones actuales resulta imprescindible la flexibilidad laboral. Negar esa evidencia raya en irresponsabilidad política. Por supuesto que ello significa retroceso en las condiciones contractuales de los trabajadores, pero esa circunstancia es inevitable. En realidad, el verdadero debate reside en saber más exactamente el grado de retroceso, la medida del sacrificio. Y es acerca de eso sobre lo que es posible negociar. Pero la consigna "ni un paso atrás" que están empleando los sindicatos está engañando a todos: a sus afiliados, al país e incluso a sí mismos. Las etapas históricas no siempre son del mismo signo: unas veces son de avance neto, dadas las condiciones generales, y otras son de retroceso como sucede ahora.
Los representantes sindicales deben saber que, para enfrentar la reforma laboral del Gobierno, deben estar dispuestos a dar pasos atrás. ¿Cuántos y por cuánto tiempo? Ese y no otro debiera ser el centro del debate sobre la reforma. Entre otros aspectos, existen algunos espacios de negociación en cuanto al despido, aunque no muchos. Es cuestión de tratar de medir bien el retroceso, pero siempre y cuando éste se acepte. El otro asunto es que los agentes sociales deberían tener claro que esta reforma es para salir de la crisis y que no es para siempre. Hay que insistir en que, con la recuperación económica, la capacidad contractual de los trabajadores tiene que aumentar, o acabará sufriendo la productividad de las empresas. Si los empresarios no tuvieran claro esto en el futuro, entonces el Gobierno debería intervenir, de igual forma que ahora está haciéndolo para recuperar la rentabilidad de las empresas.
La cuestión actual reside en saber si los argumentos lograrán conectarse antes de que el país se ponga patas arriba, a la griega. Y creo que la responsabilidad de esa conexión no es sólo de los sindicatos o del Gobierno, es realmente de todos. Ahí está el problema, pero también la única solución.