IU llevará a Rajoy al Constitucional... por la vía autonómica

Dado que no cuentan con suficientes diputados en el Congreso, Izquierda Unidad recurrirá a una treta legal para llevar al Tribunal Constitucional la reforma laboral de Rajoy: va a instar a la presentación de recursos de inconstitucionalidad en todos aquellos parlamentos autonómicos cuyos estatutos de autonomía y competencias así lo permitan y en los que exista representación de esta fuerza política.

IU amplía así la iniciativa emprendida en las Cortes de Aragón, donde a través de su grupo parlamentario que encabeza Adolfo Barrena ya ha registrado la petición para que se convoque un Pleno para debatir la presentación del recurso de inconstitucionalidad, al considerar que la reforma va en contra "de los derechos y deberes de los trabajadores aragoneses".

Estos son los argumentos en los que se basa el recurso de inconstitucionalidad promovido por IU, según ha revelado su responsable económico, José Antonio García Rubio:

- La no justificación de las razones de urgencia y excepcionalidad para la  aprobación de un RD-Ley con esos contenidos.

- La afectación de las competencias establecidas en los diferentes Estatutos de Autonomía

- La incidencia del RD-Ley sobre lo establecido en los siguientes artículos de la Constitución Española:

- Al artículo 35.1 que garantiza el derecho al trabajo, suficientemente remunerado y a la libre elección de profesión y oficio.

- A lo establecido en el artículo 37.1 que garantiza el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios.

- A lo establecido en el artículo 40.1 que exige a los poderes públicos políticas orientadas al pleno empleo.

- A lo establecido en el artículo 40.2 que garantiza la formación profesional, la seguridad e higiene en el trabajo, la limitación en la jornada laboral y las vacaciones retribuidas.

- A lo establecido en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial efectiva.

- La vulneración del artículo 7 que otorga un papel constitucional destacado a los sindicatos de trabajadores.

- Vulneración del artículo 9.3 que establece la irretroactividad de las disposiciones y el principio de seguridad jurídica.