La firmeza de
Mariano Rajoy, en su
calidad de Presidente del Gobierno, cuando defiende la reforma laboral frente a
las protestas de distinto tipo, es una señal positiva de gobernabilidad...
siempre que no se sobrepasen ciertos límites. Es decir, siempre y cuando el
procesamiento de los problemas nacionales se mantenga en el plano de los
fundamentos de la representación y la gestión institucional. Pero yo imagino
que el Gobierno debe saber que, aunque este plano es el básico de la
legitimidad democrática, no es el único. Además de los órganos de
representación y gestión, existe el ejercicio de los derechos políticos
directos, que generalmente se concretan en los de libre expresión,
manifestación, huelga, etc.; los cuales, una vez llevados a la práctica, pueden
converger o divergir del procesamiento institucional, incrementando o disminuyendo
la gobernabilidad. Dicho en lenguaje llano, el legítimo mandato obtenido en las
urnas y su gestión institucionalizada, pueden chocar con las protestas
callejeras pacíficas (si son violentas se reducen a un problema de orden
público) y si ese enfrentamiento se mantiene en el tiempo, eso puede conducir a
la ingobernabilidad del país.
Pues bien, sin necesidad alguna de
exagerar, todo indica que ese riesgo comienza a vislumbrarse allá en el
horizonte. Un riesgo cuya lectura necesita hacerse con serenidad pero con suficiente
profundidad. Por ejemplo, no hay que confundir el detonador con la carga
propiamente dicha: la protesta contra la reforma laboral puede ser un detonador
poderoso, pero la carga está referida a un malestar profundo y prolongado que
existe en la sociedad española, por causas que no sólo son económicas, aunque
éstas sean las principales. En otras palabras, hoy el detonador puede ser la
reforma laboral pero luego también pueden ser las protestas estudiantiles y una
docena de razones más en lo sucesivo. La cuestión de fondo es si el detonador
resulta suficientemente poderoso como para inflamar el conjunto de la carga
(malestar extenso y prolongado) o, de
igual forma, si la carga está tan maltratada que cualquier chispa puede provocar
su explosión.
Con lo anterior no estoy queriendo
decir que la protesta sobre la reforma laboral obligadamente va a provocar el
conflicto generalizado. Creo que todavía se puede procesar aisladamente sin que
produzca metástasis conflictiva. Pero descartar esa posibilidad sería cerrar
los ojos a la realidad. Más aun, refugiarse en la legitimidad institucional
ante el aparecimiento del riesgo de conflictividad extensa, suele ser un error
enorme, por frecuente que sea.
Rajoy y su equipo (gubernamental y
partidario) deben examinar la situación tanto desde el plano de la legitimidad
institucional como desde el que guarda relación con la dinámica sociopolítica
ciudadana. Porque lo que NO debería hacer es pasarse de firmeza (institucional)
hasta que eso pueda verse como muestra de necedad y provocación (desde la
calle). Como ya dijimos: el procesamiento institucional de los problemas es el que
debe mandar y en realidad manda... hasta un cierto límite. Y es peligrosa la idea
de que no importa lo que se manifieste en la calle, porque eso no va a afectar
las decisiones de un Gobierno con mayoría absoluta en el Parlamento. A medio y
largo plazo eso no es tan así: cuando se prolonga el clima de protesta
callejera acaban produciéndose dinámicas de desobediencia civil, fenómenos de
anomía, etc. Es decir, el mantenimiento de un clima de agitación sociopolítica
acaba deteriorando indefectiblemente la gobernabilidad.
El otro error de cálculo que puede
cometer Rajoy y su Gobierno -también el PP- consiste en creer que el apoyo
electoral tan claro que ha obtenido se traduce automáticamente en un blindaje
respecto de la protesta social. Ese presupuesto es tendencialmente erróneo.
Imaginemos que el PP tuviera el apoyo de los dos tercios del electorado; pues
bien, incluso así sucede que el otro tercio tiene la característica de ser más
activista y dispuesto a expresar su voz que los dos tercios de gran mayoría
silenciosa. Y con un tercio del electorado en contra basta y sobra para llenar
las calles prolongadamente.
Para completar el panorama, la
debilidad interna del PSOE le impide realizar una crítica de las propuestas del
Gobierno, sin dejarse arrastrar por la protesta callejera y disminuir su
defensa del juego político institucional. Así que el PP debe ser consciente de
que le quedan pocas opciones: o negocia (por ejemplo la reforma laboral) o
mantiene el envite de la protesta callejera y con ello se incrementa la tensión
social. Pero también debe saber que si elige esta última opción es obligado
preguntarse por sus consecuencias a mediano y largo plazo. Porque ahí es donde
comienza a parecer el riesgo de ingobernabilidad. Algo de lo que también
debería ser consciente la oposición, para que dejara de jugar con fuego. ¿Por
qué pareciera que las fuerzas políticas tienen la tendencia a olvidar que las
condiciones generales que vive la sociedad española son de emergencia y alto
riesgo?
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