No habrá, naturalmente,
efectos retroactivos
El Gobierno intensificará las sanciones a los gestores públicos manirrotos
viernes 20 de enero de 2012, 17:03h
Primero, fijar las obligaciones
legales a los gestores públicos; luego, sancionar a los manirrotos en el caso
de falta de "dolo acreditado" o con "gran culpa" en el
incumplimiento de los presupuestos económicos de sus respectivas autonomías.
Esta es la serie 'lógica' en lo que ha quedado la punidad de los cargos que jueguen
con las finanzas públicas. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros.
Según Soraya Sáenz de
Santamaría, es verdad ya existen normas que sancionan ciertos comportamientos,
incluso penalmente, pero lo que pretende ahora el Gobierno es "intensificar
y fortalecer" los casos penales para los gestores públicos que no cumplan
con la obligación de déficit. En el bien entendido, claro, de que "los efectos
retroactivos no son posibles".
La vicepresidenta del
Gobierno explicó, tras la reunión del Consejo de Ministros, que estos aspectos
se regularán a través de la ley de estabilidad presupuestaria y de la Ley de
Transparencia acordada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y
que está ultimando el Gobierno. Esta ley determinará un conjunto de
obligaciones legales de los gestores públicos para poder establecer
posteriormente un régimen de infracciones y sanciones.
En ese sentido, Sáenz de
Santamaría ha confirmado que "habrá una Ley de buen gobierno", que
será la que fije las obligaciones legales de los gestores con el objetivo de
que se cumplan los techos de gasto y objetivo de déficit, y sólo después se
revisará el régimen sancionador, que incluirá medidas de tipo penal para los
casos de dolo acreditado o de gran culpa.
Rebajar el sector público
y los organismos reguladores
A lo largo de la
comparecencia de la vicepresidenta, que ha sido muy densa, Sáenz de Santamaría ha
anunciado que el Gobierno va a llevar a cabo una reforma integral de los
organismos reguladores para "simplificar al máximo su número" bajo
los criterios de "austeridad" en la gestión, y la
"profesionalidad, neutralidad e independencia" de los miembros que
los componen.
La vicepresidenta ofreció
un dato esclarecedor: sólo el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) tiene
un coste de 7 millones de euros, algo incomprensible. De lo que se trata es de
crear un grupo de trabajo para atajar la "proliferación de organismos
reguladores" cuyas competencias, en muchos casos, "se solapan"
con los departamentos ministeriales.
Además, el gobierno de
Rajoy quiere 'racionalizar' las administraciones públicas, en las que existen
más de 4.000 organismos públicos que es preciso reducir considerablemente en
número: "Es un proceso que está en marcha", ha anunciado la
vicepresidenta.
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