La fiesta se ha acabado. El Gobierno valenciano
explicó este jueves su plan de medidas urgentes para controlar el déficit. El más duro que se haya conocido. El
ritmo de la tijera ordenada por el presidente Alberto Fabra, y presentada por
el debutante vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, está
coordinada con el del Gobierno central. Casi todo se toca.
Hasta los grandes eventos se revisarán. También la
F-1 que está pendiente de una nueva negociación con Ecclestone. Se conocía ya la
reducción de empresas públicas y el re
corte que sufrirán los funcionarios. La
presión fiscal también aumentará como "medida excepcional" que durará como máximo dos años.
El
decreto presentado por Císcar tiene cuatro bloques para ahorrar más de
1.000
millones de euros. Los consellers Enrique Verdeguer -Economía- y José
Manuel Vela -Hacienda y Adm. Pública- también participaron en el anuncio
del via crucis de los recortes. La
Generalitat ahorrará más de 300 millones en gastos de
personal, subirá el tramo autonómico del IRPF, aplicará
medidas de eficiencia
en el gasto sanitario -"sin aplicar
ningún copago, se insiste- para dejar de
perder más de 400 millones y se
aplicarán iniciativas contundentes contra el
absentismo y el derroche en el parque móvil.
El plan de choque para reducir la deuda tiene como objetivo principal que la Administración
autonómica pueda cumplir sus compromisos con los proveedores. "Hemos preferido sacrificios parciales a
despidos masivos", defendió el nuevo vicepresidente de Fabra. Según Císcar, se aplican
medidas "excepcionales" ante una situación "excepcional" motivada por las
tensiones financieras para colocar la deuda.
El conseller también quiso denunciar que la Comunitat arrastra un déficit
de financiación por parte del Estado. Pese al cambio del color político en La Moncloa, y la llegada de
Mariano Rajoy, Císcar advirtió que la Administración autonómica seguirá reclamando un
trato más justo. "Somos, junto a Murcia, la peor comunidad financiada y
seguiremos pidiendo no ser más que nadie pero tampoco menos", aseguró alzando
su tono de exposición ante los medios.
Fabra también ha ordenado
condicionar el salario de los altos cargos -incluido el de los consellers y el presidente- con la evolución de la deuda. Si aumenta el déficit se reducirá, en el mismo porcentaje, el sueldo de los dirigentes políticos. A su vez, se
acaban las subvenciones para patronal y sindicatos que
sólo recibirán aportaciones si se crea empleo.
Aumento de impuestos para incrementar los ingresos
El
conseller de Hacienda fue el encargado de presentar lo que supone
incumplir una de las promesas del PP: aumentarán los impuestos. Vela
insistió en que el aumento de la presión fiscal no afectará
a
las rentas más bajas y que la medida se toma por "lealtad
institucional" con el Gobierno central y otras autonomías que exigen más
impuestos a sus ciudadanos.
Hay distintas materias afectadas:
1) La escala autonómica del
IRPF se adapta a la del Estado y se incluyen
dos nuevas escalas para rentas de más de 120.000 euros y de 175.000 euros. Se prevé un aumento de ingresos de más de 28 millones de euros.
2)
Límites de renta para las deducciones
autonómicas, de 24.000 euros en las
individuales y de 38.000 euros en las conjuntas. Se prevé ingresar ocho millones.
3)
Elimina la deducción autonómica por vivienda ya que el Gobierno central la vuelve aplicar. Se prevé ingresar12 millones.
4) Vuelve a aumentar el '
céntimo sanitario'. Sólo estarán exentos del aumento del impuesto que graba el combustible los sectores del transporte, el campo y los ganaderos.
Se prevé ingresar más de 98 millones.
5)
Incremento del tipo general del impuesto de Actos Jurídicos
Documentados del 1 al 1,2%, aunque se mantendrán los tipos
para familias numerosas y personas discapacitadas. Se prevé ingresar 62 millones.
6)
Tributos medioambientales para aquellas empresas que emitan gases
contaminantes o generen un impacto visual negativo. Se prevé
recaudar 29,7 millones.
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