Prudente y temeroso silencio por el futuro de Urdangarín, que podría ser imputado en breve

Dicha pieza número 25 está relacionada, con las anomalías detectadas en dos contratos a dedo del Gobierno balear (2,3 millones de euros) y al menos cuatro contratos por el mismo procedimiento del Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia (3,7 millones de euros) al instituto sin ánimo de lucro Nóos, presidido por el duque de Palma. Desde que afloraron los primos documentos relacionados con los contratos del Gobierno balear al instituto Nóos de Iñaki Urdangarín, todas las fuentes jurídicas relacionadas con el caso consideraron "inevitable" la imputación del duque de Palma.

Diego Torres, socio principal de Urdangarín en el instituto beneficiado por los contratos públicos lleva seis meses imputado por falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos. Los investigadores judiciales sostienen que el núcleo principal de toma de decisiones en Nóos estaba formado por Urdangarín, Torres y la esposa y dos cuñados de éste, que se encargaban de los departamentos jurídico y financiero del instituto.

Pese a que la infanta Cristina de Borbón y su secretario Carlos García Revenga, figuraban como vocal y tesorero de la junta directiva de Nóos hasta 2006, los investigadores judiciales consideran, con toda la documentación analizada, que estaban "apartados del conocimiento del área financiera". La infanta no será imputada, según fuentes jurídicas próximas a la investigación, porque ni el juez José Castro, que instruye el caso, ni los fiscales que lo investigan la incluyen dentro del "círculo cerrado de toma de decisiones" del entramado que dirigía su marido, al que atribuyen el "desvío" de fondos públicos. La investigación ha llegado a evaluar, en función de distintos informes periciales de la causa, en un 170% el beneficio que Urdangarín y su socio obtenían sobre el costo de los congreso que organizaban para el Gobierno balear. De esa manera, habrían ganado casi 1,5 millones de euros de los 2,3 millones que cobraron al Ejecutivo de Jaume Matas por organizar en Palma dos congresos sobre turismo y deporte en 2005 y 2006, que duraban dos días.


Aumenta el temor entre la clase política por los efectos

Por su parte, señala el diario 'El Mundo' que la clase política prefiere por el momento -hasta que se pronuncien los tribunales- guardar en público un cauteloso silencio en torno al desenlace judicial de las investigaciones que se siguen sobre los confusos negocios de Urdangarín. Sin embargo, en privado, las posiciones de unos y otros, pese a las diferencias ideológicas, son coincidentes: crece la inquietud por las consecuencias perniciosas que se están derivando ya para la imagen de la jefatura del Estado y, en consecuencia, para la institución monárquica.

Todos los políticos preguntados ayer, durante la celebración del Día de la Constitución, por este asunto, se mostraron unánimes: "El daño ya está hecho". Y añadían: "Si la reforma constitucional para cambiar las normas de sucesión es de por sí complicada, un asunto de este tipo viene a dificultarla mucho más". Quienes por razón de su cargo se han movido en el entorno de la Zarzuela precisan más: "La preocupación del Rey es mucha pero casi mayor es la del Príncipe de Asturias".