El Gobierno financia un proyecto que estudia equiparar a etarras con el resto de presos

   El Gobierno ha destinado una partida de 35.000 euros a un proyecto que estudia cómo puede encarar el Derecho Penal el final de ETA y que propone conceder a los condenados por terrorismo el mismo trato que reciben los presos comunes con el fin de favorecer "un clima de paz social".

   El Ministerio de Ciencia e Innovación ha subvencionado este proyecto de investigación que, bajo el título '¿Qué puede aportar el Derecho Penal para el final del terrorismo de ETA?', ha reunido a catedráticos, abogados y jueces, como el magistrado de la Audiencia Nacional Ricardo de Prada o el juez central de Vigilancia Penitenciaria José Luis de Castro.

   El equipo de investigación y sus colaboradores tiene un horizonte de tres años para presentar las conclusiones de la memoria, aunque ya ha comenzado a sentar las primeras bases. Pese a que el proyecto se desarrollará entre 2012 y 2014, su coordinador, Antonio Cuerda, ha reconocido que el comunicado de cese definitivo de la violencia anunciado por ETA obliga a "trabajar más rápido" a los expertos.

  "Se trata de un proyecto para demostrar que no estamos en nuestra torre de marfil, sino que nos preocupamos por los temas candentes y reales de la sociedad", ha explicado en declaraciones a Europa Press el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, Antonio Cuerda.

   La máxima que ha inspirado este proyecto se sustancia en conceder las mismas medidas --"ni más perjudiciales ni más beneficiosas"-- al colectivo de presos de ETA. "El terrorismo ha merecido un trato mucho más duro que otros delitos y no tiene sentido esa mayor dureza, habría que ir a un principio de mayor igualdad entre delitos comunes y de terrorismo", ha añadido.

   La violencia perpetrada por ETA durante más de cuatro décadas ha llevado a otorgar medidas más restrictivas de derechos fundamentales para los condenados por terrorismo así como a endurecer el Código Penal en este tipo de delitos, por lo que una disolución de la banda tendría que ir acompañado también de medidas legislativas, judiciales, penitenciarias o de gracia.