La Asociación '11-M Afectados por el Terrorismo', que preside Pilar Manjón, cambiará su actual sede en el barrio madrileño de Santa Eugenia para trasladarse a otro lugar ceidido por un empresario, que ha facilitado el alquiler a las víctimas por un precio simbólico de un euro, debido a una grave falta de financiación.
Con el objeto de reducri gastos, la asociación ha reducido el número de abogados en relación con los que contaba en la causa abierta por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, y ha centralizado todas las gestiones judiciales en un único procurador.
El largo proceso judicial iniciado después de la masacre ha agotado poco a poco los fondos con los que contaban las víctimas, en un momento en que la causa entra en su fase final, a la espera de la sentencia sobre la implicación de los 20 acusados, que se conocerá a finales de este mes.
La asociación se financia a través de las ayudas recibidas por distintos organismos, entre los que se encuentra el Gobierno central y varias comunidades autónomas. Según fuentes de la asociación, en ningún momento desde su creación han contado con financiación de la Comunidad de Madrid, lugar donde murieron 198 personas hace cuatro años.
Por ejemplo, uno de los abogados que participó en el juicio desarrollado en las dependencias de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo, el catalán José María Fuster Fabra, contó con dinero concedido por la Generalitat de Catalunya para cubrir sus desplazamientos y alojamiento en Madrid.
'11-M Afectados por el Terrorismo' considera la carencia de ayudas por parte de la Comunidad de Madrid algo "intencionado" y defiende que al gobierno autonómico "no le interesa que se investigue lo sucedido".
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