ETA y los tupamaros

24 de agosto de 1994, el entonces presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, observaba desde el ventanal de su despacho, en el séptimo piso del edificio Libertad, la manifestación de compatriotas que protestaban en las inmediaciones  del hospital Filtro-cercano a la sede del Gobierno Nacional- para impedir el traslado a España de los presuntos etarras Jesús María Goitia, Mikel Ibáñez Oteiza y Luis Lizarride, ingresados en ese centro sanitario debido a un posible deterioro físico a causa de una huelga de hambre, iniciada por los tres detenidos en un intento de detener la extradición a España  que había sido solicitada por el Poder Judicial de ese país, cumpliendo con todos los trámites legales exigidos.
 
Ésta era una petición de extradición de la justicia de un país a la de otro y, por lo tanto, el gobierno uruguayo no podía intervenir por más que los manifestantes le exigieran que no entregara a los ciudadanos vascos detenidos y les otorgara el derecho de asilo. Quien debía resolver era el Poder Judicial de Uruguay, sin injerencias de ningún tipo. Lacalle declaró: "si la justicia dispone la extradición, tienen que irse. Este es un tema del Poder Judicial y nosotros simplemente los tenemos a su orden".
 
El presidente uruguayo estaba preocupado, existía una resolución de la Justicia de su país que concedía la extradición a España de los tres requeridos. Su preocupación no estaba motivada por el cumplimiento de lo dictaminado por los jueces, eso se cumpliría sin discusiones, su temor era  por la violencia social que podría desatarse cuando los médicos certificaran que los presuntos etarras estaban en condiciones físicas de viajar.
 
Las informaciones que le aportaban sus secretarios eran alarmantes; políticos de izquierdas y ex guerrilleros del MLN-Tupamaros se unían a la protesta en favor de los vascos detenidos y encabezaban la marcha  al hospital Filtro, José Mujica, el  ex líder tupamaro e integrante del Frente Amplio y hoy presidente de la República-quien iba dispuesto a enfrentarse a la resolución judicial acompañado por Tabaré Vázquez, posteriormente también presidente de Uruguay entre 2005 y 2010. La presencia de ambos dirigentes incitaba a los jóvenes manifestantes y la situación iba camino a transformarse en un caos de magnitudes insospechadas.
 
 
Uruguay le asestó a ETA el mayor golpe fuera de España y Francia
 
Para intentar comprender la historia se debe recordar que,  desde 1992, por disposición del gobierno uruguayo  se investigaron las actividades de un grupo de ciudadanos vascos, sospechosos de pertenecer a ETA, que operaban el restaurante La Trainera  en el corazón de la ciudad de Montevideo. En mayo de 1992, se puso en marcha la Operación Duque, gracias a la cual se detuvo en Uruguay a treinta personas relacionadas con el terrorismo.
 
De los treinta detenidos fueron procesados trece, entre los que el Estado español pidió prisión para diez, y finalmente, al amparo del tratado firmado con Uruguay el 11 de noviembre de 1885, demandó la extradición de ocho de ellos: Mikel Ibañez, Luis Mari Lizarralde, Jesús Goitia, Amaia Arakistain, Juan José Urrutia, Pedro Gómez, Agurtzane Delgado y Josu Lariz.
 
Jesús Goitia, Mikel Ibáñez y Luis Lizarralde fueron acusados de falsificación de documento público.  De ser  declarados culpables en Uruguay por ese delito, la extradición no podría concretarse mientras existiera un juicio abierto en este país. Fue entonces que  el fiscal uruguayo pidió la absolución de los encausados, pese a existir pruebas que los condenaban por esa falsificación. Uruguay accedió a entregar a España sólo a estos tres ciudadanos, que permanecieron detenidos a la espera del trámite final de la extradición.
 
El 12 de agosto de 1994, los presos vascos  iniciaron una huelga de hambre porque -según expresaron en una comunicado- "nos sentimos traicionados por el poder ejecutivo (de Uruguay)  que una vez más, olvidándose de los que nos había prometido,  nos da la espalda para sonreír al ofrecimiento de nuevos premios por parte del gobierno español".
 
La Mesa Política del Frente Amplio -hoy en el gobierno-  resolvió apoyar en ese momento  a los presuntos etarras y convocar a los frenteamplistas, organizaciones gremiales, sociales y barriales a participar y apoyar una manifestación que se celebraría al día siguiente en la Plaza del Entrevero, en el centro de Montevideo para recorrer toda la ciudad hasta llegar al Hospital Filtro "en defensa de la vida y el derecho de asilo".
 
 
La violencia
 
Los funcionarios de la custodia policial instalados en el edificio de la antigua sede del Gobierno, a escasos trescientos metros del Hospital, comprobaron que alguien había interferido la frecuencia policial. También se constató que los manifestantes contaban con equipos de comunicaciones para transmitir información entre ellos.
 
Desde una radio afín a los ex guerrilleros Tupamaros se incitaba a acudir al hospital Filtro. La situación se volvió incontrolable y llegó la violencia con enfrentamientos entre civiles y policías que se saldó con la muerte de un joven manifestante,  más de cien personas  con heridas graves, incontables con lesiones leves y más de cuarenta  policías heridos.
 
Nada de todo esto pudo impedir la extradición de Jesús Goitia, Mikel Ibáñez y Luis Lizarralde, a España, quienes mediante extremas medidas de seguridad  fueron traslados al aeropuerto internacional de Carrasco y extraditados a su país.
 
A raíz de estos hechos, fue interpelado el ministro del Interior uruguayo,  Ángel María Gianola, quien sería respaldado por el gobierno en cuanto a la actuación policial en los incidentes, aunque también responsabilizado de la represión por los manifestantes.
 
Un  ex guerrillero del MLN (Tupamaros), Jorge Zabalza, declaró algo como para que no quedaran dudas, sobre lo que se pensaba hacer en hospital Filtro: "Era la oportunidad de poner a prueba la fuerza militante que desde años atrás venían acumulando, de bautizarla con fuego a instancias de un enfrentamiento". También reconoció que contaban con autobuses "repletos de cócteles molotov". Los tupamaros actuaban nuevamente y lo hacían en apoyo de la banda criminal vasca.
 
Hoy el Uruguay está dividido;  los ex guerrilleros tupamaros se han reinsertado en la sociedad uruguaya y son mayoría dentro del Gobierno de Uruguay donde recibieron el voto del cincuenta por ciento del electorado. La otra mitad del país no ha perdonado sus acciones.