Las prefecturas, municipios y universidades rechazaron ayer la Resolución Biministerial aprobada el 25 de septiembre por los ministerios de Hidrocarburos y Hacienda, y que dispone el recorte de una parte de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para el pago del Bono Solidario (Bonosol).
Las regiones también se declararon en estado de emergencia y amenazan con asumir medidas de presión si el Gobierno insiste en la reducción de sus ingresos.
Tras una prolongada reunión, el Comité Cívico de Santa Cruz se declaró anoche en estado de emergencia y determinó convocar para hoy a una reunión ampliada del directorio de la Asamblea de la Cruceñidad.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, no descartó que en esta cita se determinen futuras acciones a seguir, como movilizaciones, huelgas de hambre y un paro cívico.
El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, confirmó que mañana se reunirán en la ciudad de Cobija la totalidad de los prefectos, excepto el de Oruro, para asumir medidas de presión conjuntas, entre ellas la presentación de una demanda de inconstitucionalidad. De su parte, el prefecto de La Paz, José Luis Paredes, anunció que acudirá a las instancias legales para impedir que el departamento pierda 49 millones de bolivianos por el recorte presupuestario del IDH.
El presidente del Consejo de la Universidad Boliviana (CEUB), Gonzalo Taboada, anunció que las universidades se declararon en estado de emergencia y que no permitirán la reducción de los recursos. “Si es necesario, la defensa se hará en las calles”.
El consejo directivo de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) se reunirá el miércoles por la mañana y fijará una posición conjunta, la misma que será transmitida al Ministro de Hacienda, confirmó su presidente Luis Revilla.
Ayer, los equipos técnicos de siete prefecturas —excepto Potosí y Oruro— se reunieron con los viceministros de Pensiones y de Presupuesto, y explicaron que con la resolución aprobada por los ministerios de Hacienda y de Hidrocarburos se dispuso la utilización de 877 millones de bolivianos del IDH para garantizar el pago del Bonosol y que los restantes recursos serán distribuidos a las regiones (prefecturas, alcaldías, universidades) y al Tesoro General de la Nación(TGN).
”No se trata de ninguna confiscación, no les estamos quitando recursos a las prefecturas, lo que estamos haciendo es retener lo que corresponde para el pago del Bonosol”, sostuvo el viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, quien arguyó que el decreto de nacionalización y la Ley 3058 establecen que se debe garantizar el pago del beneficio para las personas mayores de 65 años.
“Lamentablemente, se ve una intransigencia del Gobierno en la recuperación de los recursos del IDH. Las prefecturas no están dispuestas a aceptar esta confiscación”, dijo el secretario de Hacienda de la Prefectura de Cochabamba, Adolfo Aponte.
El secretario general de la Prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza, aseguró que “la explicación técnica y legal del Ministerio de Hacienda vulnera la Ley de Hidrocarburos y la Ley del Bonosol”. Dijo que se trata de “una confiscación previa al punto de fiscalización, es decir se deducen los recursos del IDH antes de ser distribuidos a los beneficiarios”.
OBSERVACIONES
Destino • El IDH se destina a educación, salud, caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo.
Beneficiarios • Según la Ley 3058, son beneficiarios del IDH: departamentos, TGN, municipios, universidades, FFAA, Policía y otros.
Bonosol • Su fuente de financiamiento son las utilidades generadas por las empresas capitalizadas.
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