Una decisión judicial que da luz verde al megaproyecto energético de Hidroaysén
reactivó aquí el movimiento nacional de protesta en defensa de la Patagonia
chilena.
El punto de inflexión lo marcó la decisión de la Corte de Apelaciones de la
sureña ciudad de Puerto Montt al rechazar los recursos de protección
interpuestos por organizaciones defensoras del medio ambiente en contra de la
construcción de las cinco represas contempladas en el corazón de la Patagonia
del país.
A juicio del coordinador de Acción Ecológica,
Luis Mariano
Rendón, las decisiones tomadas por los denominados Sistemas de Evaluación de
Impacto Ambiental responden sobre todo a intereses políticos
gubernamentales.
No hay en Chile una institucionalidad ambiental que
funcione de manera autónoma, con plenas garantías y donde simplemente se
apliquen normas, subrayó Rendón. Lo que hay son decisiones discrecionales,
porque así está diseñado el sistema, afirmó.
Ante el peligro de
depredación de la Patagonia, luego del visto bueno de la citada instancia
judicial, Rendón convocó a una marcha por la Alameda para el próximo sábado 15
de octubre.
Al respecto el también dirigente ecologista
Juan Pablo
Orrego, integrante del Consejo de Defensa de la Patagonia, advirtió que en las
calles de Chile volverá a trascender el desacuerdo con la puesta en marcha de
Hidroaysén, tema que ocupó los primeros planos del escenario político y
mediático en abril y mayo de este año.
De igual modo
Matias Asun,
director de Greenpeace Chile, vaticinó para los próximos días grandes
manifestaciones en todo el país en desaprobación con la pretendida construcción
de los cinco embalses en el cauce de los ríos Pascua y Baker en la región de
Aysén, a unos mil 800 kilómetros al sur de esta capital.
Este martes los
líderes de las organizaciones ambientalistas recabarán la autorización de la
Intendencia Metropolitana para marchar por la Alameda el sábado
venidero.
De acuerdo con encuestas públicas, más del 70 por ciento de la
población muestra una resistencia amplia al citado megaproyecto hidroeléctrico,
impulsado por la transnacional Endesa y la empresa local Colbún.
Se le
imputan a la propuesta numerosas irregularidades en el largo camino de
aprobación y menosprecio al nocivo impacto medioambiental que tendrá en lugares
que son considerados patrimonio de la humanidad por su riqueza
natural.
Ante el argumento del Ejecutivo de que el país necesita energía
urgente para evitar futuros apagones, las agrupaciones ecologistas sostienen que
Chile debe orientar su mirada hacia las energías no convencionales, que además
de ser limpias, permitirían bajar los astronómicos precios de las
tarifas.
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