Los directores mantienen el 'pulso' a Aguirre en su guerra educativa

Según explicó el presidente de esta organización mayoritaria, José Antonio Martínez, las órdenes que recibieron por escrito en la última reunión, celebrada el 4 de julio, tienen muchas lagunas y que, al pedir una ampliación literal de las mismas, inspectores y áreas territoriales les han dado órdenes verbales contradictorias, con lo que no saben cuál es la manera legal de obrar.

La negativa a aprobar los horarios, aseguran, no afecta a la actividad docente ni a los alumnos, ya que las clases se desarrollan con normalidad. Consideran que de esta manera expresan su protesta porque las órdenes consignadas por la Consejería de Educación para desarrollar las horas lectivas y complementarias dependan de la interpretación que dé el inspector educativo a cada centro.

Además, inciden en el cambio de postura realizado por el Ejecutivo que dirige Lucía Figar, que está incluyendo profesores en expectativa, funcionarios que no tenían plaza, aunque cobran. "No es serio cambiar los horarios porque nos den profesores en expectativa que, a lo mejor, son especialistas en materias que ya tenemos cubiertas. No hay consideración hacia nuestro trabajo y los centros debemos ofrecer seriedad a las familias", comentó Pilar de los Ríos, tesorera de Adimad. Denuncian que así es imposible conformar instrucciones sobre la compensación de horas docentes, las guardias, las clases especiales y desdoblamientos. No excluyen, no obstante, remodelar los horarios si la Consejería aporta los profesores necesarios, a pesar de las disfunciones que supone esa decisión para los alumnos. Aseguran que el curso ha empezado el día 14 de septiembre gracias al esfuerzo de las directivas y los claustros de los institutos.

Critican además que las órdenes verbales de Educación excluyen de responsabilidad a la administración de las decisiones que se tomen en los centros. Los directores temen cargar así con las culpas de la modificación educativa.

Han confirmado que ha habido presiones desde la Consejería para que se identifique a profesores que han participado en asambleas, para que se retiren carteles de protesta y para que no se facilite a padres y docentes la posibilidad de hacer reuniones ni encierros en contra de la decisión del Gobierno regional. "Se quejan de que usen las instalaciones padres y profesores, que forman parte de la comunidad educativa, cuando le ceden el espacio a los peregrinos", apostilló Martínez. Por último, aseguraron desconocer la denuncia de CCOO de presiones de directores a profesores.


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