Escándalo en Interior: la Policía 'ha perdido' la prueba original del 'caso Faisán'

Ya lo anticipó Diariocrítico la pasada semana semana: todo el caso del chivatazo policial a ETA dependía de una cinta de audio grabada al dueño del bar Faisán, en Irún, Joseba Elosúa, hablando en su coche con su cuñado Carmelo Luquin. Entonces había rumores de que la cinta original de esa grabación, que en principio estaba bajo la custodia del hoy comisario Carlos Germán, había 'desaparecido'. De confirmarse ese extremo, las defensas iban a pedir la nulidad de toda la instrucción.

En la mañana de este martes, el Sindicato Profesional de Policía (SPP), cuyos servicios jurídicos defienden al imputado Enrique Pamiés, Jefe Superior de Policía del País Vasco, emitió un comunicado cuyo punto 7 dice exactamente lo siguiente: "Confirmados los datos aparecidos sobre la falta del soporte que contiene la conversación de la baliza original, exigiremos la nulidad de toda la instrucción y el comienzo de una verdadera investigación donde se lleven a efecto la práctica de las diligencias que demanden las defensas en aras al descubrimiento de los verdaderos responsables de la delación".

Poco después, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), cuyo abogado defiende a otro de los imputados, el inspector Ballesteros, hacía público otro comunicado con el siguiente tenor: "Es legítima la estrategia de defensa de los imputados planteando la nulidad del proceso por no existir el original de la grabación realizada en el coche de Elosua, si bien para nosotros, más allá de la satisfacción que nos produce por considerar inocentes a los dos policías imputados, supone que seguirán sin ser identificados, detenidos y enjuiciados los culpables del 'chivatazo' a ETA".

El original estaba en un ordenador personal
La cinta original de la grabación a Elosúa se hallaba en el ordenador marca DELL LATITUDE D800, con número de serie 8Y210A04, bajo custodia de la Unidad Central de Inteligencia (UCI). El pasado martes, 13 de septiembre, y a petición de la defensa del Jefe Superior de Policía del País Vasco, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, emitió una Providencia pidiendo a la UCI que remitiera al Juzgado el equipo informático en el que se guardó la copia original de la grabación a Elosúa a través de la baliza colocada en su coche.

Con el efecto de facilitar la práctica de tal diligencia, el juez Ruz ordenaba igualmente la realización de una copia del disco externo marca WOXTER con número de serie CA260250, en presencia de la secretaria judicial y con el auxilio de los servicios informáticos de la Audiencia Nacional. En ese disco externo se hizo el primer clonado del original, pero, lógicamente, no es el original mismo.

La Providencia del juez decía textualmente: "Igualmente y toda vez que el citado disco externo contiene el primer clonado realizado sobre la carpeta reseñada "FOCUS GRANATE", cuyo contenido refiere las conversaciones grabadas entre los días 28.03.2006 y 29.05.2006 en el vehículo con matrícula 7424 CYX, ubicada en el escritorio del ordenador marca DELL LATITUDE D800, con número de serie 8Y210A04, bajo custodia de la Fuerza Actuante UCI, todo ello según consta en el acta de clonado extendida en fecha 15.06.2006 (original obrante a los folios 1222 y 1223), recábese de la referida fuerza actuante la remisión del indicado equipo informático, soporte o servidor donde obre la carpeta clonada para su custodia en sede judicial, librándose oficio a tal fin".

Era evidente que hasta las defensas de los imputados por el caso -el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de policía del País Vasco, enrique Pamiés, y el inspector J. M. Ballesteros- habían llegado rumores sobre la desaparición de la cinta original, rumores que los sindicatos policiales han confirmado este martes. El mismo día, por cierto, en el que, a partir de las 17.00 horas, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, bajo la presidencia de Gómez Bermúdez, escuchará a las partes para decidir si la instrucción sigue en la Audiencia Nacional como 'colaboración con banda armada' o si, por el contrario, se remite a los juzgados ordinarios de Irún bajo la calificación de 'revelación de secreto'.

Por esas grabaciones a Joseba Elosúa, dueño del irunés bar Faisán, en su coche hablando con su cuñado, Carmelo Luqín, se supo que dos supuestos policías alertaron a Elosúa sobre la existencia de una operación prevista para el 4 de mayo de 2006 para atrapar a parte del entramado extorsionador de ETA. Con ese 'chivatazo' se trataba de impedir que Elosúa y otros vieran al etarra José Antonio Cau Aldanur y fueran pillados con las manos en la masa, es decir, entregando dinero de la extorsión.

"Que se sigan todas las líneas de investigación"
El SPP ha salido inmediatamente al paso para denunciar "el cúmulo de irregularidades que han existido en la presente instrucción. Las consecuencias de ello deberían ser, en un estado de derecho, la absoluta nulidad de toda la instrucción y el inicio de una nueva investigación a cargo de otro equipo investigador".

Añade el SPP que "la investigación sobre el caso Faisán ha acotado indebidamente las horas de investigación, las redes de cobertura, las llamadas salientes y entrantes, motivos por los que hemos reclamado la apertura de nuevas líneas de investigación que a buen seguro llevaran a averiguar el verdadero culpable del chivatazo". Y finaliza con que "cada paso que se da en el caso Faisán pone de manifiesto una nueva irregularidad".

El SUP, por su parte, afirma que "el sumario del 'chivatazo' suma un cúmulo de irregularidades (que ya hemos señalado en escritos anteriores), de los que son responsables los tres jueces que lo han instruido (Garzón, Grande-Marlaska y Ruz), y los miembros del equipo de investigación policial encargado del esclarecimiento de los hechos", y añade una nota con muchísima ironía: "Si la investigación del GAL hubiese sido encomendada a José Amedo y Michel Domínguez posiblemente el resultado de los juicios posteriores hubiesen sido distintos, y, o bien no se hubiesen identificado a los responsables de dichos actos corruptos y mafiosos, o se habría señalado a personas inocentes".

El SUP, al igual que el SPP, confirma que "es legítima la estrategia de defensa de los imputados planteando la nulidad del proceso por no existir el original de la grabación realizada en el coche de Elosua", y lo hace el mismo día en el que se reúnen los magistrados de la Audiencia Nacional para determinar si el hecho que se investiga como "caso Faisán" puede ser considerado o no colaboración con banda armada.