En el citado informe no se detalla la localización del tesoro hallado por el mercante americano y valorado en unos 373 millones de euros. Odissey se defiende de las exigencias españolas argumentando que se está obstaculizando la labor de exploración que está llevando a cabo y denuncia lo que considera un "abordaje ilegal" del buque Ocean Alert.
El presidente y director general de la empresa Odyssey, John Morris, reitera que en todo momento se están cumpliendo los requerimientos legales y ve detrás de todo esto un interés de la Fundación naútica RPM, competidora directa con el Odissey en la búsqueda de restos arqueológicos submarinos, en llevarse parte del pastel.
Asimismo Odissey ha pedido confidencialidad absoluta en la información entregada a los tribunales de Tampa (Florida) para evitar filtraciones que perjudiquen sus métodos e investigaciones.
El Ministerio de Cultura español, por su parte, ya ha mostrado su disconformidad ante la escasa información proporcionada por la empresa norteamericana y argumenta que el hallazgo se habría producido en un pecio de bandera española, y es por esto, por lo que correspondería al Estado español hacerse cargo de tan codiciado tesoro.
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