La portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, calificó este viernes la Ley de Medidas Urgentes para la Modernización del Gobierno y la Administración regional, que aprobó el Ejecutivo regional la semana pasada, de "engendro informativo" por permitir el "asalto al patrimonio natural" en la región.
Sabanés señaló que "con la presentación de esta ley la legislatura comienza un período de rodillo sin precedentes en esta Comunidad", porque "nada justifica la urgencia de esta norma, elaborada sin ningún consenso, que va a generar enormes conflictos de competencias entre las distintas Administraciones y que provoca la más absoluta desprotección de los terrenos rústicos de la región".
Asimismo, la portavoz de IU aseguró que se trata de "un proyecto claramente presidencialista, al otorgar unos poderes casi ilimitados al Consejo de Gobierno en detrimento de la Asamblea".
Por su parte, el diputado de IU Gregorio Gordo destacó "el oscurantismo precipitado y deliberado del gobierno", y calificó el proyecto de "despropósito normativo". "Este es un proyecto que, a nuestro juicio, cuenta con aspectos claramente ilegales, que Izquierda Unida recurrirá ante el Parlamento y donde sea necesario", apuntó.
Según Gordo, "el hecho de que esta ley permita que en terrenos rústicos se puedan construir instalaciones de hostelería, equipamientos deportivos, e incluso viviendas, es un peligro dada la voracidad constructora del PP". "Pensamos que es una ley que no intenta adecuarse a la normativa estatal del Suelo, sino exclusivamente a los intereses del Partido Popular", explicó Gordo, quien también hizo referencia a la modificación de la actual ley reguladora de la Caja de Ahorros, con la única intención de "habilitar la posible designación de Consejeros de dicha entidad a personas con vínculos con la Comunidad Autónoma".
Por su parte, la diputada Reyes Montiel destacó que este proyecto "elimina la autoridad de los agentes forestales y les impide desarrollar las funciones de vigilancia y custodia de los montes, lo que supone un asalto al patrimonio natural". "La ley establece que los guardas forestales sólo podrán entrar en los montes privados con autorización judicial, lo que es una barbaridad, teniendo en cuenta sobre todo, que el 74 por ciento de los montes de la región son privados". "Para nosotros el patrimonio natural es asuntos de todos, independientemente de su titularidad", concluyó.
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