Con la excepción de seis o siete de sus artículos más provocativos, no conocemos la redacción del “estatuto autonómico”, disparado sonoramente hace pocos días. Lo que se sabe con seguridad es que abre las cartas de la visión señorial-patronal que se opone a muerte, no de hoy sino de siempre, a que cambie cualquier cosa que menoscabe su poder, que fue centralista ayer y hoy se dice lo contrario, aguardando la ocasión en que pueda nuevamente conducir concentradamente y a su favor los órganos estatales.
Amparándose en un lenguaje de “Estado de derecho”, falsifica la realidad y reclama el derecho a legislar que habría habilitado el referendo del año pasado, cuando, sin equívoco y con todas sus letras la tan mentada pregunta se refiere al derecho a normar que, por muy chicaneros que sean sus argumentos, no pueden trocar de cualidad. No se equivocaron antes, sino que la relación de fuerzas de ese momento les vedaba la sinceridad que sienten poder desplegar hoy. Al lado de esta exigencia que pretenden introducir por la amenaza y la fuerza, despliegan otras propuestas que exhiben una inocultable aspiración de burlar nexos, jerarquías y controles estatales. La respuesta gubernamental luce sorprendente no tanto por su celeridad, sino porque se parapeta en una línea de apología, también, del “Estado de derecho”, completamente ajena a la que propugna y motoriza en la Asamblea Constituyente, quizás porque intuye confusamente que el “estatuto autonómico” al que tacha de sedicioso alguna filiación guarda con su visión de país “plurinacional”. Donde hay naciones, hay demandas de autodeterminación y donde estas últimas existen, más tarde o más temprano, son siempre factibles las de escisión estatal. Una consigna cupular, vertical, inconsulta y ajena a la discusión de las bases indígenas-campesinas y, en general, de todos los sectores populares lanzada en la Asamblea como ensayo laboratorial está operando como uno de los peores peligros para el éxito del proceso constituyente.
La Asamblea se encuentra en medio de una auténtica tormenta, propia, en parte, de que llega la hora de las definiciones y del arrebato de todos los corporativismos en sus versiones más sombrías. Habiéndose hecho vulnerable ella misma al ceder a presiones aberrantes que le han prohibido analizar, debatir o deliberar, siente el impacto de todos los poderes que quieren anularla. La ruta para dejar atrás el pantano que anima a las más patéticas caravanas a chantajearla se encuentra en concentrarse en una redacción constitucional precisa y somera que apunte al centro de las transformaciones del Estado, canalizando ese abrumador mandato de dejar atrás el colonialismo y la exclusión, preservando la cohesión de un país del cual recibió ese primer mandato unitario. También precisa dejar de lado las manipulaciones y falsos debates para sumergirse de lleno en el diseño de una institucionalidad democrática, intercultural, participativa y sometida a un control social que no puede suicidarse estatizándose.
Uno de los debates más truculentos es el de la sede de los poderes, porque si alguien podría reclamarlo para sí es Santa Cruz porque, como ocurrió con La Paz a finales del siglo XIX, se ha colocado a la cabeza del avance económico del país y si sus dirigentes creen que hacia allá tiene que trasladarse la sede de los poderes que así lo digan y que empiece el debate en serio. Pero está visto que en este tema no habrá ni franqueza ni cristalinidad.
Roger Cortés Hurtado es Analista político y catedrático
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