La Argentina reafirma su soberanía en Malvinas

El 2 de abril argentinos y argentinas conmemoramos el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra en Malvinas en honor a todos aquellos que valientemente defendieron la soberanía nacional en el marco del conflicto bélico entre nuestro país y Gran Bretaña en el año 1982. Veintinueve años después de esa guerra que, de la mano de las juntas militares se llevó la vida de 649 compatriotas, aún persiste la disputa de soberanía lo cual pone de manifiesto la existencia de una situación colonial anacrónica en pleno siglo veintiuno. Ya en democracia, nuestro país supo hacer de la Cuestión Malvinas una política de Estado, que fue plasmada a nivel constitucional en la reforma de 1994. Desde entonces la Argentina ha reclamado en forma pacífica y por la vía diplomática ante la comunidad internacional la necesidad de que ambas partes se sienten a la mesa de negociación, tal como estipula la Resolución 2065 (XX) de 1965 de Naciones Unidas. Por su parte, el Reino Unido ha llevado a cabo reiteradas y sucesivas acciones unilaterales, violando abiertamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General que insta a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras persista el proceso de negociación en torno a la disputa de soberanía. En febrero del 2010, el gobierno inglés autorizó unilateralmente la realización de operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos al norte de las Islas Malvinas en áreas de la plataforma continental argentina, sometidas a la ocupación ilegítima británica. En el mes de octubre pasado, bajo este mismo modus operandis, anunció la realización de ejercicios militares que incluían el lanzamiento de misiles en las Islas Malvinas. Ante la posición británica, que lleva varios años de inflexibilidad, nuestro país ha adoptado medidas concretas destinadas a obstaculizar el accionar del gobierno británico y del gobierno isleño, en lo que respecta a la exploración y explotación de los recursos naturales. Primero con la Resolución 407/07 de la Secretaría de Energía que estableció el registro obligatorio y habilitación de las empresas que por sí o por contratación de otras, desarrollen explotaciones hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, previendo sanciones en caso de incumplimiento. Luego, con el Decreto 256/2010 firmado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el que se establece que todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y las islas del Atlántico Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente. Y recientemente, con la Ley 26.659 que sanciona a aquellas empresas que realicen exploraciones petroleras en zonas de la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno nacional. Afortunadamente, el histórico reclamo de nuestro país ha sido respaldado por la comunidad internacional y ha concitado el apoyo de los treinta y dos Jefes y Jefas de Estado de América Latina y el Caribe que se reunieron en ocasión de la Cumbre de la Unidad celebrada en Cancún en febrero del año pasado. En este marco, la Argentina persistirá con vocación democrática y de pleno respeto al derecho internacional en su reclamo pacífico y por la vía diplomática, en defensa de sus derechos legítimos de soberanía, por historia y por posición geográfica, sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que forman parte integrante de nuestro territorio nacional. Ruperto Godoy Diputado del Frente para la Victoria y vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores