Propone el PAN reforma energética constitucional

Al asegurar que los tiempos han cambiado, el PAN en el Senado presentó una nueva propuesta de reforma energética que pretende modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución para  permitir la participación de la iniciativa privada en actividades hasta ahora reservadas al Estado, como la refinación, almacenamiento, transporte y distribución  de productos petrolíferos. Con el aval de la bancada, el subcoordinador en Política Económica del blanquiazul en la Cámara alta, Juan Bueno Torio, advirtió que la industria petrolera del país enfrenta “una situación crítica” pues requiere de inversiones sostenidas por aproximadamente 26 mil millones de dólares anuales durante los próximos 10 años, por lo cual es urgente la participación de la iniciativa privada en la transformación industrial de hidrocarburos. “La iniciativa abre la posibilidad de que la nueva inversión que se tenga que hacer para una refinería la hagan al 100 por ciento inversionistas privados”, detalló. El panista rechazó que su iniciativa “nazca muerta” por el rechazo del PRI y PRD a abrir el sector energético a la iniciativa privada y aseguró que “han cambiado las circunstancias” desde el 2008 en que se aprobó la reforma petrolera. Bueno Torio explicó que  su iniciativa pretende eliminar la prohibición para que la iniciativa privada pueda participar en la industria de transformación del crudo y la petroquímica básica. De acuerdo con la iniciativa, no se pierde el dominio directo de la Nación sobre los bienes del subsuelo, ya que se cumple con la preservación de la propiedad y el control de los recursos por parte del Estado. “La iniciativa no pretende otorgar concesiones, participaciones o permisos para la incorporación de los sectores privados o social en la exploración y explotación del petróleo crudo,  como tampoco plantea cambios en la organización y el funcionamiento de Pemex o la desincorporación de activos de la paraestatal”, explicó el panista. El Estado —agrega— mantendrá la exclusividad en las actividades de exploración y explotación del petróleo y los hidrocarburos, lo que sustenta el concepto de rectoría soberana sobre esos recursos, pero como en 1938, cuando se permitía la participación de particulares en los procesos de refinación y transformación industrial.