El PP, que ejerce la acusación popular en el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla, ha solicitado un año de prisión, el pago de una multa de 3,6 millones de euros y 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público para el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y para el ex director general de la lonja Fernando Mellet, pues los considera autores de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
En su escrito de conclusiones provisionales elevado este miércoles al Juzgado de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP solicita además la pena de multa de 1.350.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres años para el antiguo director adjunto de la sociedad mixta Daniel Ponce y para María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial cuando ocurrieron los hechos, a los que imputa únicamente un delito de cohecho. De manera alternativa, imputa a los acusados un delito de estafa en grado de tentativa, por el que pide 3 años y 11 meses de prisión y el pago de una multa de 74.400 euros.
El PP relata que en el primer semestre de 2007 Mellet, Ponce, los empresarios del Grupo La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Sevilla, Juan Robles, pidieron cita para entrevistarse con Rivas, siendo recibidos en su despacho, y añade que, en esta reunión, se planteó al entonces delegado de Empleo la posibilidad de crear un 'Consorcio Escuela de Hostelería', a lo que Rivas contestó que ello "no es posible, si bien sería posible la firma de un convenio de colaboración para impartir formación", mientras que para crear el centro de formación "era imprescindible la homologación del espacio físico donde se iba a construir, siendo la inversión subvencionable".
Así, señala que, en el verano de 2007, Mellet "llegó a un acuerdo verbal" con los responsables de La Raza mediante el cual la fundación que presidía pediría una subvención a la Junta para crear un centro permanente de formación en terrenos del merca, de cuya gestión se ocuparía La Raza. Tras ello, "y con el ánimo de posteriormente solicitar recompensa a los empresarios en contraprestación a la subvención que se iba a conceder", Rivas, "con el argumento de que él no tenía competencias, preparó una reunión con el entonces director general de Formación para el Empleo, Juan Manuel Fuentes Doblado, que se celebró en los 20 días siguientes".
"INFLUENCIA DECISIVA" DE RIVAS
Pues bien, pone de manifiesto que en esta reunión, "habiendo resuelto de antemano el otorgamiento de la subvención para exigir la posterior recompensa, sin conocer aún el proyecto de la escuela de hostelería y sin haberse presentado solicitud alguna por parte de la Fundación Socioasistencial, Fuentes Doblado, haciendo uso de la información privilegiada que por su cargo ostenta, además de tener órdenes directas del consejero de Empleo para desarrollar el proyecto de escuela, garantizó una subvención excepcional de 900.000 euros a partir de 2008, eludiendo intencionadamente cualquier tipo de procedimiento administrativo en régimen de concurrencia competitiva con otros solicitantes".
Señala que, "con la seguridad de la obtención de la subvención excepcional de 900.000 euros", la fundación elaboró un proyecto de escuela de hostelería que se presentó el 1 de agosto de 2008, y "con una celeridad poco acostumbrada en la Administración Pública de la Junta, el día 18 de noviembre, y en un solo día, tras haber influido nueva y decisivamente Rivas a petición de Mellet", la nueva directora general de Formación para el Empleo inició el expediente y se firmó la propuesta de resolución.
Continúa el PP diciendo que el día 16 de enero de 2009, tras haberse concedido a la fundación por el SAE una subvención de 900.000 euros para la escuela "y a instancia" de Rivas y Mellet, Ponce "exigió" en presencia de Pereira a Sánchez Cuerda la suma de 450.000 euros, "150.000 para costear la acometida eléctrica y otros 300.000 euros como comisión a abonar a la Junta en contraprestación a la subvención concedida por ésta, que entregarían en un maletín que dejarían olvidado en un despacho para que alguien enviado al efecto lo recogiese".
"LA JUNTA COLABORA CON QUIEN COLABORA CON ELLA"
De igual modo, "y siguiendo las indicaciones iniciales" de Rivas, el día 27 de enero de 2009 Mellet y Ponce tuvieron una nueva reunión con los dos empresarios "en la que nuevamente le volvieron a exigir ambas cantidades, afirmando ambos imputados que los 300.000 euros se le solicitaban por exigencia de la Junta, ya que en la misma era normal reclamar este tipo de contribución, afirmando que la Junta colaboraba con quienes a su vez colaboraban con ella", conversación que fue grabada por los empresarios.
El PP concluye su relato aseverando que Mellet, en su declaración policial y ante la Fiscalía, "afirmó que recibió de Rivas dos llamadas, una en diciembre de 2008 para confirmarle la concesión de la subvención y para decirle que tenía que pedirles a los de La Raza una contribución voluntaria para la Junta, exigencia que volvió a reiterarle a Mellet cuando lo llamó por teléfono el 5 de enero de 2009", mientras que Ponce "mantuvo que él recibió en los momentos previos a la reunión del 16 de enero instrucciones directas de Mellet para que exigiera a los empresarios dicha comisión ilegal, en las que Mellet le expuso que ello había sido ordenado por Rivas".
De su lado, el PA solicita para Antonio Rivas un año de cárcel, una multa de 2.250.000 euros y nueve años de inhabilitación por sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias, mientras que para el resto de acusados pide el pago de una multa de 1.350.000 euros y tres años de inhabilitación por un delito de cohecho. Asimismo, y en concepto de responsabilidad civil, solicita que los cuatro imputados indemnicen solidariamente con 150.000 euros a Mercasevilla por los daños morales ocasionados.
EL DINERO, EN UN MALETÍN "OLVIDADO"
En su escrito de conclusiones, consultado por Europa Press, el PA señala que "a instancia" de Rivas y Mellet, fue Ponce quien "exigió" a Sánchez Cuerda la suma de 450.000 euros, "150.000 euros para costear la acometida eléctrica" de la escuela de hostelería y 300.000 euros "como comisión a abonar a la Junta en contraprestación a la subvención concedida por éstas, que entregarían en un maletín que dejarían olvidado en un despacho para que alguien enviado al efecto lo recogiese".
Este miércoles también ha presentado su escrito de conclusiones la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, que ha solicitado el pago de una multa de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 21 meses para cada uno de los cuatro acusados por estos hechos. De este modo, su petición de pena coincide plenamente con la solicitada por la Fiscalía.
De esta manera, ha sido el PSOE la única acusación personada en este procedimiento que ha exculpado al ex delegado provincial de Empleo, y también a Regla Pereira, por "la más que palpable debilidad del material probatorio y las nefastas consecuencias que tiene para ambos el someterlos a pena de banquillo".
No obstante, el PSOE considera autores de un delito de estafa cualificada en grado de tentativa a Mellet y Ponce, para cada uno de los cuales pide dos años de prisión y el pago de una multa de 18.000 euros, así como pide que ambos presten fianza por importe también de 18.000 euros para cubrir las responsabilidades civiles de su delictiva actuación, "que afortunadamente no llegó a consumarse".
COINCIDENCIA CON EL FISCAL
Asimismo, La Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, que ejerce la acusación popular en el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales en el mercado central de abastos de la capital hispalense, ha solicitado el pago de una multa de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 21 meses para cada uno de los cuatro acusados por estos hechos, como son el ex director general de la lonja Fernando Mellet, su antiguo director adjunto, Daniel Ponce, el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta fundación cuando ocurrieron los hechos. De este modo, su petición de pena coincide plenamente con la solicitada por la Fiscalía.
En su escrito de conclusiones provisionales elevado este miércoles al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de la Fundación, Alfonso Martínez del Hoyo, relata que, en el contexto de las previas negociaciones y acuerdos habidos desde el verano de 2007 entre responsables del Grupo La Raza y Fernando Mellet para la creación y desarrollo "bajo posible subvención" por parte de la Junta de una escuela de hostelería en terrenos de Mercasevilla, se firmó el 18 de diciembre de 2008 un protocolo entre el SAE, la Fundación Mercasevilla y La Raza.
Añade que, a través de este protocolo, se acordó el futuro desarrollo de acciones formativas en un centro de formación permanente de hostelería que se ubicaría en terrenos del merca. Tras ello, indica que el día 18 de noviembre de 2008 se produjo el dictado de resolución mediante la cual el SAE acordó conceder a la Fundación Socioasistencial Mercasevilla una subvención de carácter excepcional por importe de 900.000 euros con destino al desarrollo de acciones formativas en el referido centro, "que estaba previsto que en lo sucesivo sería gestionado por" La Raza.
Al hilo de ello, precisa que el día 16 de enero de 2009 Daniel Ponce, "actuando en representación de la Fundación, en presencia de Regla Pereira, y siguiendo para ello instrucciones de Fernando Mellet, quien a su vez siguió según ha manifestado instrucciones" de Antonio Rivas, "exigió" al representante del Grupo La Raza, Pedro Sánchez Cuerda, "como condición para la efectiva aplicación del importe de la subvención concedida, la entrega en dinero efectivo de 300.000 euros, suma que debería ser entregada en metálico, así como la asunción del pago de la nueva acometida eléctrica al centro, ascendente a 150.000 euros".
"COLABORACIÓN" CON LA JUNTA
Añade que el día 27 de enero de 2009, Mellet y Ponce se reunieron con Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio Rojas, representantes del Grupo La Raza, "y volvieron a exigir dichas prestaciones dinerarias, si bien, ante la postura reticente de éstos, llegaron a ofrecerles la posibilidad de buscar fórmulas de justificación formal de los desembolsos, encauzando los 300.000 euros bajo modalidad de donación a la Fundación y el pago del coste de la acometida eléctrica al amparo de una operación mercantil de endoso", todo ello "invocando la pretendida necesidad de 'colaborar' con la Junta de Andalucía como supuesta precondición para la definitiva viabilidad y efectividad de la subvención concedida".
En esta línea, asevera el abogado que lo hablado en el transcurso de esta última reunión fue grabado por los empresarios "por recomendación de un responsable de la Junta de Andalucía, al que previamente comentaron la situación, siendo así que la grabación fue entregada al mismo y que, tan pronto obró ésta en poder de la Consejería de Empleo, fue formulada formal denuncia ante la Fiscalía por parte de su viceconsejero", y agrega que los empresarios "no entregaron cantidad alguna del dinero solicitado", mientras que la subvención concedida "quedó inmediatamente en suspenso, no habiéndose llegado a efectuar pago alguno correspondiente a la misma".
El abogado que representa a la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla entiende que los hechos descritos son constitutivos de un delito de cohecho y responsabiliza del mismo a Rivas, Mellet, Ponce y Pereira, para cada uno de los cuales solicita la pena de multa de 900.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 12 meses en caso de impago, y pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 21 meses, así como el pago de las costas.
Si (
No(
