Lamentablemente, no siempre los partidos y sus dirigentes actúan con coherencia y mucho menos afán didáctico. Tenemos en la memoria de todos dos casos como la trama Gurtel, o el desenfrenado afán de enriquecimiento de Jaume Matas. El primero, acaba de ser confirmado candidato mientras se espera que los jueces depuren sus responsabilidades penales por distintos presuntos cohechos: el de sus prendas de vestir –trajes, chaquetas, camisas, corbatas, zapatos-- , recibidos en “atención” a sus muchos contratos con la trama de Correa y El Bigotes - y el de una presunta financiación irregular de su partido valenciano, por empresas “encauzadas” por su “amiguito del alma”, de la misma trama. Camps, imputado por cohecho impropio y probablemente también por cohecho propiamente dicho, ya parece muy cerca de sentarse en el banquillo, aunque los plazos de la Justicia suelen ser generosos para el presunto delincuente. Puede haber sido reelegido presidente y todavía esperar a sentarse en el banquillo. Pues bien, mientras Camps volvía a ser designado candidato por los miembros de la dirección y las organizaciones regionales del PP, se procedía también a deliberar sobre el borrador del programa marco para las elecciones autonómicas y locales de mayo.
Según revela El País, además de decenas de medidas sobre Sanidad, Educación, Medio Ambiente o racionalización de la Administración, la mayoría muy suaves, evitando la polémica, el borrador incluye un último apartado, titulado "Regeneración", que plantea medidas muy contundentes contra la corrupción. En dicho texto, todavía sujeto a modificaciones de última hora si así lo desea la dirección, se propone incluso endurecer el código penal, desde que el principio expresado de que la lucha contra la corrupción es uno los objetivos principales del PP” ¿La corrupción anterior, cabe preguntarse- - o la corrupción pudiera seguir llegando?. Para el PP es indudable acaso sólo indiscutible, que “la legitimidad del sistema democrático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos", según escribe y sostiene esta formación, que también llega a la conclusión práctica de que "es preciso someter a un mayor control los ingresos, patrimonio y actividades privadas”, y por ello, propone publicar “las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, directivos y personal de confianza de las instituciones y sus gastos de representación". La firmeza del PP es, en esta materia, incuestionable y hasta modélica: "La respuesta ante los casos de corrupción tiene que ser contundente. Para ello es necesario reformar el Código Penal, ampliando y endureciendo los tipos penales relativos a corrupción, modificando y endureciendo las sanciones para cargos y empleados públicos. Asimismo es preciso ampliar los plazos de prescripción de esos delitos", remata el texto o, o. Y tampoco faltará quien recuerde que ese texto del Código Penal hoy vigente fue reformado hace un año, y entonces se endurecieron las penas por corrupción, pero el PP se abstuvo porque no se incluía la cadena perpetua para otros delitos…
En su propuesta de ahora, el PP pretende obligar a todos, -incluidos Camps o Matas-, a publicar todos los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones, y se compromete a reintegrar a los municipios afectados los bienes incautados en delitos de corrupción, así como crear un sistema de auditoría interna en el PP para garantizar el cumplimiento de buenas prácticas. Todo el modélico programa que el PP propone se fundamenta en la idea de administraciones más eficaces y más austeras, en las que se "limite al mínimo indispensable la convocatoria de nuevas plazas de funcionarios o una reorganización del Estado autonómico sin duplicidades. Ahora mismo, las comunidades tienen 2.000 entidades públicas, "cuya eficacia no está contrastada en muchos casos".
El viejo refranero es muy sabio: aplica lo que predico, y no imites lo que hago…
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