Tras la tempestad producida por las atrevidas e injustas medidas del gobierno regional contra sus propios empleados públicos, a los que ha tratado de pasar la factura de su despilfarro e incompetencia, y que hizo que por primera vez se uniera todo el “arco político sindical” contra el ejecutivo murciano que con gran torpeza pasó del autoritarismo del “ordeno y mando”, al victimismo de culpar a Zapatero; con el posicionamiento de rectificación –aunque no a la totalidad-, que ha conseguido la adhesión de los sindicatos más afines a la derecha murciana, fracturando la unidad sindical, y con ello el retorno de una aparente calma.
Sin embargo, los no firmantes UGT, CCOO y STERM, se mantienen en una aparente posición de fortaleza en la pretensión de que la audaz e injusta medida no llegue a prosperar en ninguno de sus extremos; pues el pacto de los demás sindicatos ha supuesto una transacción de “medio camino” en un acuerdo que hasta las mismas cúpulas sindicales signatarias estarían deseando, pues sociológicamente sus bases, pese a ser afrentadas por el gobierno conservador de Valcárcel, pertenecen a sectores sociales del ámbito de votantes y simpatizantes del PP.
Tal hecho estaba generando un importante desencuentro entre el PP murciano e importantes sectores de su electorado, que venían a plantear un difícil y contradictorio problema en vísperas de la campaña electoral de las locales y autonómicas; que en gran medida ha sido, con mucho –naturalmente por la contestación social generada y el consiguiente descontento- lo que ha venido a determinar una parcial claudicación del plan de ahorro económico de la Administración de Valcárcel.
Siendo así, que en el momento actual, UGT, CCOO y STERM apostando por las movilizaciones –que tanto éxito han conseguido, pues han llegado a resucitar al “mundo sindical murciano”- mantienen posiciones de máximo (retirada completa de la ley de recortes) que junto con unas legítimas pretensiones económico y sociales, les lleva a mantener indirectamente, bajo capa, una contestación en la calle de manifiesto descontento que le hace la labor a los socialistas murcianos en la oposición, que parten de una ausencia de perspectivas de victoria en los próximos comicios, y a los que nada les favorece una rápida resolución de un conflicto social, que no político –aunque pueda tener sus causas en errores de políticas, tanto nacionales como regionales-.
No obstante, esta calma aparente conlleva por ahora, una tensión latente, pues no se ha cerrado verdaderamente el conflicto, que de nuevo puede resurgir en toda su crudeza, ya que ni se ha conseguido sanear la economía regional, ni el Estado ha autorizado el gobierno murciano a un nuevo y necesario endeudamiento, ni las balbuceantes medidas de reducción de organismos y empresas públicas y demás sectores de gasto, parece que vayan a ser todo lo efectivas que se requerirían. Puesto que de igual modo que en el gobierno central, Zapatero no toma medidas drásticas para evitarse un indeseado perjuicio electoral para su partido; en el gobierno murciano, tras el fallido intento del recorte a los funcionarios, tampoco parece que tengan pretensiones de acometer recortes drásticos, que de igual manera le hagan retroceder en las encuestas de intención de voto. Motivo por el cual, seguiremos arrastrando los efectos de la crisis; y muy probablemente cuando cada cual, pase su cita con las urnas, con más capacidad de maniobra, muy probablemente tomarán las indeseables medidas de recorte.
Así las cosas, consideremos este periodo de relativa calma como transitorio, pues ahora la agenda política es puramente electoral, tras lo cual, previsiblemente volverá la “dolorosa cirugía económica” que probablemente reactivará el conflicto actualmente latente.
Esperemos que para entonces, el contexto internacional sea más propicio para poder encarar mejor y de forma más amortiguada las medidas que al parecer se aplazan. Pues probablemente nadie se habrá tomado en serio el anuncio de eliminación de entes y empresas públicas, puesto que las que consideraron prescindibles ya las eliminaron de los actuales presupuestos autonómicos, y la anunciada reducción de subdirecciones generales, tampoco tiene mucho fuste cuando se mantiene una Consejería de Justicia sin competencias esenciales, y no se reduce el número de Consejerías.
EL MIRAVETE
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