El Consejo de Gobierno ha autorizado la apertura de un proceso de negociación con el Gobierno de España para reclamar el pago a Castilla y León de casi 724 millones correspondientes al modelo de financiación autonómica de este año. Esta cantidad incluye los 211 millones pendientes del Fondo de Cooperación de 2011, así como los 513 en que se ha recortado el Fondo de Suficiencia de la comunidad este ejercicio. Si el diálogo concluye sin acuerdo, el Ejecutivo autonómico interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos del Estado.
La Junta considera que los recursos que el Ministerio de Economía y Hacienda prevé transferir a Castilla y León este año son muy inferiores a los que le corresponden. En concreto, entiende que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 reduce en 723,9 millones la cuantía a la que tiene derecho la comunidad en virtud del nuevo modelo de financiación, un recorte que viola los principios de suficiencia y autonomía política previstos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la región.
En esa cifra están incluidos los 211 millones del Fondo de Cooperación que el Gobierno de España se comprometió a transferir a Castilla y León este año.
Ahora bien, el grueso del montante que se reclama al Estado, 512,9 millones de euros, deriva de una rebaja injustificada del Fondo de Suficiencia. La Junta sostiene, en primer lugar, que el Ministerio de Economía y Hacienda ha aplicado antes de tiempo la liquidación negativa de 2009, lo que supone una merma de 225,4 millones. Por otra parte, ha restado otros 159,4 en concepto de revisión del Fondo de Suficiencia asociada al incremento de la recaudación por IVA en la región este año. Y, por último, no ha incorporado los 128,1 millones de euros de recursos adicionales del sistema de financiación correspondientes a 2011.
Nueve meses de plazo
En virtud del acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno de hoy y a propuesta de la Consejería de Hacienda, la Junta solicitará la reunión inmediata de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y Castilla y León con el fin de exigir esas partidas. Con ello se pretende agilizar la solución al conflicto y obtener este mismo año los recursos que se reclaman. Ahora bien, si la negociación termina sin acuerdo la Junta planteará sus demandas ante el Tribunal Constitucional, lo que tiene el inconveniente de que retrasará el dictamen más allá de 2011.
Como norma general, la Ley Orgánica del Constitucional prevé un plazo de tres meses para que las autonomías puedan interponer recursos de inconstitucionalidad contra las leyes del Estado que les afectan. Este periodo se amplía a nueve meses cuando se ha iniciado un proceso de diálogo entre el Estado y la comunidad para resolver las discrepancias, como pretende Castilla y León.
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Informe completo de lo acordado en el Consejo de Gobierno
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CyL espera una aclaración de Euskadi tras cancelar la reunión y recuerda que los perjudicados son los ciudadanos
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