Revocatoria del mandato

La Asamblea Nacional discute estos días cómo regular el derecho a la revocatoria del mandato, y según informan legisladores gobiernistas, se prevé exigir a quienes deseen ejercerlo que primero justifiquen su solicitud demostrando que las autoridades involucradas incumplieron sus promesas de campaña, o se enriquecieron ilícitamente, o favorecieron intereses privados.

Ojalá se trate solo de un problema de mala comunicación, porque resultaría simplemente absurdo consultarle al pueblo la destitución de un corrupto al que ya se le comprobó su culpa. 


La revocatoria del mandato no es un juicio civil ni penal, con acusadores, defensores y pruebas, sino un juicio político.


Lo que ocurre es que quienes redactaron la Constitución de Montecristi, apurados por una orden superior, no escucharon advertencias y redactaron los textos sin reparar en las consecuencias. Ahora se quiere corregir, lo que sería loable si no fuera porque lo hacen con el mismo método de solo cumplir órdenes, sin reflexión ni análisis independiente.