El ex presidente Eduardo Duhalde consideró que la detención del poderoso dirigente sindical Gerónimo Venegas en la causa de los medicamentos adulterados responde a una "decisión del Gobierno"
"Quien es oposición en Argentina está en libertad condicional", aseguró Duhalde, peronista como Fernández pero férreo opositor al oficialismo, contra el que piensa competir en las elecciones presidenciales de octubre próximo.
Venegas, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y líder de las 62 Organizaciones Peronistas, fue detenido en el marco de la investigación de la llamada "mafia" para la venta de medicamentos caducados o adulterados.
La resolución fue dictada por el juez federal Norberto Oyarbide, quien el próximo sábado tomará declaración al histórico dirigente sindical, afín a Eduardo Duhalde.
"Venegas no es 'duhaldista'. Siempre lo dice. Él es peronista y por eso creo que (el Gobierno) está apuntando al corazón del peronismo", señaló el ex gobernante en una rueda de prensa.
Duhalde, quien manifestó su seguridad de que Oyarbide "meterá preso" a Venegas, comentó que en los últimos meses hubo una "secuencia de hechos persecutorios" hacia el dirigente sindical (la revista Veintitres publicó un extenso informe en el que incrimina con pruebas a Venegas junto a Duhalde en la explotación de trabajadores).
"En una reunión, Hugo Moyano (titular de la Confederación General del Trabajo, alineada al Ejecutivo) dijo a Venegas que le iban a enviar a la cárcel", contó.
Subrayó que la decisión de Oyarbide es "excepcional" en el ámbito judicial, al argumentar que los magistrados primero llaman a declarar y luego ordenan una detención, y en ese sentido consideró que la resolución responde a "un apriete del Gobierno", aunque sin embargo, en la misma causa el dirigente bancario Juan José Zanola había sido detenido por el juez Oyarbide en una situación similar a la de Venegas.
La diputada Graciela Camaño -quien saltó a la fama por haberle pegado una "trompada" al diputado oficialista Kunkel- dijo que el Peronismo Federal, opositor al oficialismo, estudia la posibilidad de pedir un juicio político contra Oyarbide, mientras el portavoz de la Uatre, Alberto Barros, adelantó que el sábado habrá una movilización de los trabajadores rurales.
La causa por la denominada "mafia de los medicamentos", en la que hay más de una quincena de detenidos y 42 procesados, pone en tela juicio a entidades médicas, manejadas por sindicatos, acusadas de falsificar historiales clínicos y adulterar fármacos en el país.
Además de Venegas, el juez ordenó la detención de Rubén Romano, ex administrador del PAMI, la obra social estatal que presta servicios médicos a los jubilados.
Esta semana, Oyarbide dictó dos procesamientos contra el ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, a quien los medios locales señalan como recaudador de la campaña electoral de 2007 que llevó a Cristina Fernández a la Presidencia.
Sin embargo, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, descartó que los procesamientos contra el ex superintendente de Servicios de Salud signifiquen una "complicación" para el Gobierno, y aseguró que “(Capaccioli) no era el responsable de la campaña de Cristina Fernández-Julio Cobos. El responsable de la campaña era Alberto Fernández. Capaccioli será su hombre de confianza, su mano derecha, pero no era el responsable de la administración de la campaña. Era Alberto Fernández”, insistió Aníbal Fernández, que de todos modos negó que sea una acusación en contra del primer jefe de Gabinete de la gestión Kirchner.
En una entrevista por Radio Del Plata, Aníbal explicó que la causa que lleva Oyarbide nada tiene que ver con la campaña de 2007 ni con su financiamiento. “Según yo he visto en los medios, los dos procesamientos que tiene, uno es por malversación de fondos, y el otro es por el mal uso de fondos en el ámbito donde se desempeñaba en la función pública. No está hablando de la campaña. La fórmula (Cristina-Cobos) tenía un jefe y Alberto Fernández no fue citado a declarar”, analizó el jefe de ministros
Cappacioli, quien fue superintendente entre 2006 y 2008, está acusado de asociación ilícita, defraudación a la Administración, negociaciones incompatibles y encubrimiento, además de malversación de caudales públicos a raíz de la asignación irregular de fondos a mutualistas.
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