Día del periodista en Colombia: una celebración poco feliz

Tristemente, el documento revela que la Fuerza Pública (Policía y Ejército) son responsables de 62 agresiones, mientras que otras 36 corrieron por cuenta de funcionarios o ex funcionarios públicos, cifras alarmantes si se tiene en cuenta que “sumados significan el 50,50 por ciento del total de los casos”, sólo a cargo de instituciones del Estado.

De otro lado, Fecolper denuncia un incremento en los ataques a periodistas en los últimos tres años, pues mientras en el 2007 fueron reportadas 97 agresiones, en el 2008 subieron a 112, en el 2009 alcanzaron las 166, y que en el año 2010 fue detectado un incremento de 23 casos, al pasar de 166 a 189.

“En sólo tres años las agresiones que buscan impedir un ejercicio pleno del derecho ciudadano a la información se duplicaron”, indica el informe de Fecolper.

Así mismo se resalta la presentación de nuevos tipos de ataques "contra medios de comunicación, violación sexual, desaparición forzada y acoso judicial; este último, con quince casos, se ha triplicado en cuatro años".

Por su parte, los particulares, es decir, ciudadanos del común, quedaron en un segundo lugar, al protagonizar 39 agresiones que corresponden al 20,10 por ciento de los ataques.

Los paramilitares, con 12 casos (6,18%), y los grupos guerrilleros, con siete casos (3,6%), también figuran como ejecutores de actos contra la libertad de prensa y de información.

Según la federación, en 2010 hubo ocho homicidios de periodistas, en uno de los cuales se logró establecer que la muerte no estaba relacionada con labores informativas realizadas por la víctima.

Además se resaltó la particularidad de las muertes violentas de Clodomiro Castilla (19 de marzo de 2010), quien fue asesinado por dos sicarios a la entrada de su vivienda en el departamento de Córdoba, azotado por bandas criminales; Víctor Julio Sánchez, quien era reportero gráfico y periodista, murió 50 días después de que resultara herido por una bomba colocada en las instalaciones del la Fiscalía en el puerto de Buenaventura, cuando ocurrió la explosión, el reportero estaba haciendo diligencias para conseguir pauta publicitaria con la Alcaldía de Buenaventura; y el periodista indígena Rodolfo Maya Aricape, que informaba a través de una radio comunitaria sobre los atropellos de los grupos al margen de la ley, y quien fue asesinado en octubre pasado en su resguardo.