El caso del tráfico de visas es investigado desde agosto de 2006. El ex titular de la petrolera estatal boliviana, Santos Ramírez, también será enjuiciado.
El juez Séptimo de Sentencia de la Corte de Distrito emitió notificaciones para el inicio del juicio oral y contradictorio contra autoridades y parlamentarios del Gobierno vinculados a visas chinas, acusados de tráfico de documentos, influencias, organización criminal y trata de personas.
La Cancillería descubrió en agosto de 2006 la falsificación de visados en beneficio de ciudadanos chinos, con destino a Estados Unidos.
Franklin Gutiérrez, abogado de Óscar de la Quintana, ex cónsul en Pekín (China), sostuvo que las pesquisas alcanzan a otros parlamentarios, entre ellos al ex presidente de la bancada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) diputado César Navarro.
También están citados el senador disidente del MAS Guido Guardia y los diputados opositores de Poder Democrático y Social Rodrigo Ibáñez y Marco Antonio Córdova. Además del asambleísta del MAS y ex diputado oficialista José Bailaba; su ex asesor Hugo Salvatierra Pérez, y el diputado suplente del MNR, Julio Leigue, entre otros.
De la misma forma, el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez fue acusado de usar sus privilegios en “la presunta comisión de los delitos de tráfico de emigrantes, falsedad material, ideológica y otros relacionados con el ingreso ilegal en el país de ciudadanos chinos”, manifestó Gutiérrez.
Se supo que las visas chinas eran negociados en los pasillos del Parlamento, que favorecieron, a la fecha, a más de 3.000 ciudadanos de China que llegaban al país, supuestamente, para invertir en minería y agricultura.
También se pudo indagar que los ciudadanos chinos, favorecidos con las visas, pagaban entre los 20.000 y 50.000 dólares, pero que no fue corroborado por el Ministerio Público.
Entre los sindicados están Wálter Gumucio, en Estados Unidos, y Marcos Doffer, quienes no fueron incluidos en el proceso.
De acuerdo con las investigaciones, se estableció también que la firma del canciller David Choquehuanca era
falsificada.
El abogado de Óscar de la Quintana manifestó que las notas o avales eran solicitadas mediante Wálter Gumucio, pero las inversiones que iban a realizar los ciudadanos chinos eran ficticios. Utilizaban a Bolivia como país de tránsito para ir a Brasil y de allí a Estados Unidos.
“Ya se ha presentado la acusación para que el tribunal convoque a juicio, no se tiene aún la fecha, pero se emitieron las notificaciones”, dijo el abogado.
Actualmente estarían en el territorio nacional más de un centenar de ciudadanos chinos que fueron identificados como ilegales, tanto en su país de origen como en Bolivia, pero nadie ha podido ubicarlos pese a que existía una empresa mencionada.
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