El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha acusado al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, de haber permitido la distribución de fondos públicos para el empleo, "sin ningún procedimiento administrativo que garantice su legalidad", después de que el ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo desde septiembre de 1999 hasta abril de 2008 ha testificado ante la Policía Judicial de Sevilla que tenía a su disposición un "fondo de reptiles" para ayudar a empresas en crisis.
Durante su intervención a los medios en Cazorla (Jaén), tras una reunión con el grupo parlamentario popular de Andalucía, Arenas ha asegurado que las declaraciones del consejero de Empleo, Manuel Recio, en las que afirma que el testimonio del ex director de Trabajo es "falso" y que la gestión de fondos ha sido legal, "no se las cree ni él". "Me cuesta trabajo pensar que no se haya enrojecido cuando estaba diciendo esas palabras", ha añadido.
En esta línea, el presidente de los 'populares' andaluces ha pedido a Recio que deje de mentir "porque ya se ha mentido mucho en el Parlamento" y ha destacado que los hechos tuvieron lugar cuando Griñán era vicepresidente económico y cuando Chaves ostentaba el cargo de presidente, "por lo que ambos han amparado con nitidez estos comportamientos cuando se han producido".
Por ello, Arenas ha demandado al líder del Ejecutivo andaluz "que no se esconda" y que comparezca "cuanto antes" en el Parlamento andaluz al objeto de responder "a todas las cuestiones graves que tenemos que plantearle". "El papel de la Junta, desde el primer día, ha sido el de llevar a cabo una estrategia de ocultación permanente, que mantiene hoy día", ha indicado el dirigente 'popular'.
Tras considerar que es un "pésimo camino" el de "negar la evidencia", el presidente del PP-A ha solicitado a la Junta que si los fondos para el empleo son "públicos y transparentes" que acepten la comisión de investigación que el grupo parlamentario ha registrado en la Cámara andaluza este mismo viernes.
Arenas, que ha asegurado que esta trama no sólo se queda en Sevilla, sino que afecta a varias provincias, ha considerado que este asunto ha tomado una "nueva dimensión". En su opinión, ya no se trata de un tema concreto de Mercasevilla, "que es el origen de toda esta investigación", sino que es un asunto "mucho más relevante" que afecta a toda Andalucía y que "también tendrá su dimensión nacional".
UN "GRAVÍSIMO INSULTO" A LOS PARADOS
Asimismo, el dirigente 'popular' ha afirmado que lo ocurrido con los fondos públicos para el empleo es un "gravísimo insulto" a todos los trabajadores y parados, "que no se merecen que los fondos para empleo se gestionen como se han gestionado". Según ha indicado, su formación está "consternada" por este "escándalo" que, a su juicio, será el mayor de los que se han conocido en la historia de la autonomía andaluza.
"No me extralimito ni exagero cuando hago esta afirmación", ha señalado Arenas, quien ha argumentado que "mayor escándalo por ausencia de controles, mayor escándalo por vulneración de la legalidad y mayor escándalo porque significa el récord de abusos frente al récord de paro en Andalucía".
De igual modo, ha dicho que su formación quiere saber si la Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado alguna auditoria al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que luego se transformó en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y que, desde el año 2000 hasta la fecha, ha dispuesto de 647.869.157,45 euros en un "fondo de reptiles" para ayudar a empresas en crisis.
UNA ESTRATEGIA "DE HUIDA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO"
De no haberse realizado ninguna auditoria por este organismo, Arenas ha dicho que el PP-A también quiere saber si estas empresas han encargado una auditoria a terceros. "Si se ha hecho queremos que se entregue inmediatamente en el Parlamento", ha insistido Arenas, quien ha asegurado que nos encontramos a un "supuesto clarísimo" de lo que su partido viene denunciando, "el supuesto de la huida del derecho administrativo".
En su opinión, este caso supone el "perfecto ejemplo" de lo que nunca se debió hacer, "sacar unos fondos de dentro de la Consejería de Empleo, sometidos a la legislación administrativa y a todos los controles que ello suponen, con el objetivo de huir de todos estos controles". "Es un ejemplo de una estrategia medida y diseñada de huida del derecho administrativo", ha afirmado Arenas, quien ha dicho que le parece "terrible" que se estén "adulterando" los fondos de empleo "de la forma en la que se ha hecho".
RECIO DEFIENDE LA GESTIÓN DE FONDOS
Por su parte, el consejero de Empleo, Manuel Recio, ha asegurado que son "interesadas y totalmente falsas" las declaraciones del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero a la Unidad Adscrita de la Policía Judicial de Sevilla relativas a la existencia de un "fondo de reptiles" para ayudar a empresas en crisis que ha dispuesto de 647,8 millones de euros desde el año 2000 y ha defendido "categóricamente" que la gestión presupuestaria de su departamento ha sido "impecable y todo es transparente, legal y debatido públicamente en la Comisión de Empleo" del Parlamento.
Recio ha comparecido en rueda de prensa en la sede de la Consejería de Empleo junto al viceconsejero, Justo Mañas, y al director general de Trabajo, Daniel Rivera, después de que el PP desvelase este jueves que el ex director general de Trabajo de la Consejería desde septiembre de 1999 hasta abril de 2008 ha testificado ante la Policía Judicial de Sevilla que tenía a su disposición un "fondo de reptiles" para ayudar a empresas en crisis que consistía en una transferencia de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que luego se transformó en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que desde el año 2000 hasta la fecha ha dispuesto de 647.869.157,45 euros.
En este sentido, el consejero ha reiterado en varias ocasiones con "rotundidad" que "Empleo no tiene ni ha tenido jamás fondos ilegales" y que además "todos los presupuestos que maneja la Consejería son públicos y transparentes en su ejecución desde el primero hasta el último euro", ya que "el presupuesto de la Junta es aprobado en el Parlamento y en él aparecen de forma precisa y clara las cantidades consignadas para todas las ayudas sociolaborales y de empresas en crisis".
De manera que cuando tenga conocimiento pleno de las declaraciones del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero a la Unidad Adscrita de la Policía Judicial de Sevilla en relación a este asunto, "se analizarán e iniciaremos las actuaciones judiciales oportunas si así se considera conveniente", al tiempo que ha criticado que el PP haya "aireado" con "intereses partidistas" estas declaraciones con el objetivo de "ocultar los múltiples casos de corrupción donde ellos gobiernan".
"Desmentimos y negamos categóricamente que existan o hayan existido en algún momento fondos ilegales, es rotundamente falso", ha subrayado, a lo que ha añadido que "todos los fondos son al cien por cien legales y su gestión está fiscalizada y es absolutamente transparente". Recio ha defendido que "las cantidades son conocidas y debatidas siempre por los grupos parlamentarios en el sendo de la Comisión de Empleo previamente a su aprobación todos los años".
De aquí que Recio haya mostrado su sorpresa por que esta acusación la haya realizado "una persona que ha sido diputado en la Cámara y que conoce a la perfección este procedimiento, y además la finalidad de estos créditos aparece detallada en los documentos que acompañan al presupuesto, en el informe económico, en la memoria y en la ficha descriptiva del programa presupuestario". En este sentido, Recio también ha concretado que "la gestión administrativa parte de un convenio marco de colaboración suscrito entre el antiguo IFA, ahora IDEA, en el año 2001".
Asimismo, Recio también ha apuntado que Empleo está "interesada en esclarecer las posibles irregularidades que se hayan podido producir" y, en este sentido, va a seguir colaborando con la Justicia, aportando la documentación "siempre que se detecte alguna irregularidad hasta su total esclarecimiento", porque "somos transparentes y no tenemos nada que ocultar".
"AYUDAS INDIVIDUALES" COMPETENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO
El consejero de Empleo ha afirmado que "todos los fondos están fiscalizados, previamente y posteriormente", de manera que "una cuantía de 640 millones de euros no puede tener algún tinte de ilegalidad" porque "es una cantidad de tal calibre que no se escapa a los ojos de nadie, es más no se escapa ni un céntimo pero esta cuantía menos". "Me sorprende que el PP utilice esto como algo que ignora, cuando estas cuantías están aprobadas en el Parlamento de Andalucía y por todas las fuerzas políticas", ha subrayado.
Asimismo, Recio ha explicado que estas ayudas no tienen la obligación de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno, ya que son "ayudas individuales y ninguna supera la cuantía para ser aprobada por el Consejo de Gobierno". Esta cuantía tendría que ser de tres millones de euros. De igual manera, ha informado de que al ser ayudas individuales "tampoco es obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)" sino que basta con "dar traslado y conocimiento a la persona interesada".
"Son ayudas individuales y uno y otro requisito no son necesarios, sino que se pueden aprobar por quien es competente, el director general de Trabajo", ha subrayado, y ha manifestado que el Decreto de Estructura de la Junta de Andalucía, dentro del apartado de Competencias viene señalado que el director general de Trabajo tiene las competencias de "mantener las políticas de ayudas a prejubilaciones en empresas con dificultades".
"NO HEMOS ENCONTRADO IRREGULARIDAD EN LOS ERE" DE MERCASEVILLA
El consejero de Empleo ha aseverado que la comisión de investigación "no ha encontrado ningún tipo de irregularidad en los ERE analizados entre 2001 y 2009" de Mercasevilla, si bien "en cuanto tuviera conocimiento de cualquier posible irregularidad se trasladará de forma inmediata a la justicia".
Recio ha asegurado que la comisión de investigación respecto al ERE de Mercasevilla de 2003 halló "un posible problema de interpretación de las fechas de aplicación del ERE que se reflejaba, en tres meses" e "inmediatamente se dio trasladó a la jueza".
"Existe un problema de interpretación. Los representantes de los trabajadores en Mercasevilla dicen que se podía contemplar en ejecución tres meses más, pero los funcionarios de la comisión interpretan que no es posible que en tres meses posterior se contemplara. Será la jueza la tendrá que determinar si se puede o no", ha explicado.
"LA COMISIÓN SIGUE ABIERTA"
"La comisión de investigación sigue abierta y cualquier indicio será investigado", en concreto "aquellos que tenemos sospechas fundadas de que pudiera haber algún tipo de irregularidad", ha señalado el consejero de Empleo, si bien "en aras del buen funcionamiento de la comisión no puedo comentar cuáles están". "Si lo hay, están dentro de la comisión de investigación. Ésta sigue abierta y estamos investigando", ha subrayado
Asimismo, ha explicado que aún no han recibido la petición de la jueza sobre la relación de los ERE aprobados por la Consejería de Empleo entre 2002 hasta 2010 y esto no supone que "la jueza haya abierto una nueva vía de investigación".
Por último, el consejero ha destacado que las prejubilaciones no son una práctica exclusiva de Andalucía ni de España, si bien "desde los últimos tiempos no estamos aplicando prejubilaciones anticipadas por parte de la Junta de Andalucía", ya que "lo deseable es trabajar en las políticas activas de empleo que significa formar a los trabajadores para que cuanto antes obtengan un puesto de trabajo".
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