Fuentes del departamento de Gobernación, que dirige la democristiana Joana Ortega, han confirmado a Efe que los equipos legales consultados por la Generalitat no se han puesto de acuerdo sobre si esa decisión contraviene o no la normativa actual.
Pese a las diferentes interpretaciones legales, el Govern entiende que ninguna normativa prohíbe formalmente a la administración ceder urnas para que se puedan hacer esas consultas de carácter privado, y por ello el ejecutivo catalán, que en un principio se había mantenido al margen, ha cambiado de postura, tal como ha avanzado hoy el diario Avui.
Aún así, estas fuentes subrayan que el gobierno catalán no cederá locales a los organizadores de estas consultas ni comprará más urnas para ayudarles, por lo que subrayan que el ejecutivo no será "proactivo" en este sentido.
La decisión de la vicepresidenta y titular de Gobernación, Joana Ortega, resulta importante porque la entidad "Barcelona Decideix" prepara una consulta sobre la autodeterminación el 10 de abril en la capital catalana, el municipio más importante de los diez que por ahora se han sumado a hacer una consulta de este tipo ese día.
El presidente catalán, Artur Mas, comentó este fin de semana que, como residente en Barcelona, tenía el dilema de si debía participar o no en la consulta, por su condición de presidente de la Generalitat.