"De acuerdo al desempeño, a la incompetencia que el Gobierno ha tenido en este tema, no vemos por ningún lado que esto pueda materializarse", dijo en rueda de prensa el portavoz de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el diputado Andrés Velázquez.
El opositor respondió así al anunció de Chávez, el pasado día 15, del lanzamiento de un programa para construir 350.000 viviendas durante los próximos dos años, 150.000 de ellas durante 2011.
Para alcanzar el objetivo, "el presidente tiene que construir 12.500 mensuales, pero por incompetencia, de acuerdo al desempeño que el Gobierno tiene en materia de vivienda, podemos decirle al país y al propio presidente que ponemos en duda su palabra", insistió.
Desde 1999, primer año de gestión de Chávez, y hasta el tercer trimestre de 2010, el Gobierno tiene un promedio anual de construcción de viviendas de apenas 24.300, según la alianza antigubernamental, que insiste en que el déficit de más de dos millones de casas en el país "no ha sido por falta de recursos".
Ni siquiera ha logrado hacer cumplir "los compromisos internacionales que ha acordado al respecto", añadió Velázquez.
Del total de 323.646 viviendas previstas en esos tratados solamente se han construido 31.223, "lo que refleja una efectividad de apenas del 9,64%", añadió.
Velázquez detalló que de las 120.000 viviendas que debe construir con colaboración de China y otras 20.000 con Bielorrusia "van cero".
Otros acuerdos prevén que con apoyo de Brasil se construyan 29.260 viviendas "y ya suman 346; Cuba, 30.000 y van 21.400; Uruguay, 64.386 y son 5.477, e Irán 60.000 y van 4.000", detalló.
El portavoz de la MUD en asuntos de vivienda también condenó las política de expropiaciones impulsadas por el Gobierno de Chávez para encarar el déficit, la creación de "un sinnúmero" de instancias estatales "que duplican esfuerzos" y la redacción de nuevas leyes, "pese a que ya tiene un amplio margen jurídico para ello".
Asimismo, condenó la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de advertir a los jueces de que no dicten sentencias que signifiquen el desalojo de los inquilinos.
Esto, subrayó Velázquez, "perjudica al ciudadano que alquila para redondear sus ingresos".
"¿Cómo es posible que no se pueda desalojar a los 'malapaga' bajo ningún concepto? Nosotros ratificamos el compromiso de defensa de la propiedad, del patrimonio familiar como parte integral e indisoluble de la libertad de los ciudadanos de ser dueños de algo", insistió.
"A este Gobierno -remarcó el diputado- tenemos que acusarlo responsablemente de atentar contra ese pequeño patrimonio familiar de los ciudadanos".
También cuestionó que el Gobierno "incentive a la gente a buscar terrenos baldíos o galpones, como si el tema de la construcción de viviendas fuese la falta de terrenos".
Al respecto, el ministro del Interior, Tareck El Aissami, dijo el sábado que el Gobierno rechaza la invasión de propiedades inmobiliarias como las registradas masivamente ese día en un municipio residencial de Caracas.
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