jueves 20 de enero de 2011, 16:56h
La consulta popular, supuestamente, atacaría el narcotráfico, pero en el texto definitivo ese asunto pasa a un segundo plano. Muy pocas preguntas tocan el tema de la delincuencia, y no de modo directo. Lo que se quiere afectar es la separación de poderes, la libertad de expresión, la Justicia.
¿Existe entonces el ánimo de confrontar al crimen organizado, o se trata simplemente de una maniobra política electoral? Las dudas se acrecientan al observar cómo el Ministerio del Interior pretende, ilegalmente, arrogarse la representación de la Policía, como si se tratase de una dependencia de esa cartera y no “una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada” (art. 163 de la Constitución).
Le meten la mano a la Justicia, también a la Policía, ¿quién será el próximo?