"Comprobamos que son fundos de pequeños productores, en los que las personas estaban en sus puestos de trabajo. No había explotación hacia ningún ser humano y se comprobó que la era la única propiedad que poseía el dueño", dijo a los periodistas el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo.
En otras 27 de las 47 propiedades rurales inicialmente expropiadas por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), que involucran 21.000 de un total de 24.000 hectáreas adquiridas, detalló Loyo, se verificaron "condiciones laborales terribles, con violación a los derechos humanos y a la Ley del Trabajo".
El ministro explicó que el INTI no ha concluido las inspecciones y que por ello se desconoce aún la suerte de las restantes cinco propiedades expropiadas.
Loyo también negó versiones que aseguran que los dueños de las propiedades que han pasado al control del INTI están siendo desalojados con la ayuda de militares de la Guardia Nacional (GN, policía militarizada) y que no se les pagará las indemnizaciones previstas en las leyes.
"Eso es totalmente falso" y, por ejemplo, el dueño de uno de los terrenos expropiados, "nos decía esta mañana que le habían dicho que nosotros lo íbamos a sacar de allí, pero es falso", remarcó.
Indicó que mañana se realizará "una evaluación integral" para la cancelación del valor de esos terrenos e insistió en que el Gobierno está actuando de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tierras.
Al respecto, el ex dirigente ganadero de la zona Nexon Villalobos, que reclama que la "revolución agraria" iniciada por el presidente Hugo Chávez en 2004 le despojó de 600 de las 1.600 hectáreas de una hacienda de su propiedad, dijo telefónicamente a Efe que las autoridades "no pagaron antes y no pagarán ahora".
"Toda esta política del Gobierno se asienta sobre un andamio mentiroso" y por eso los propietarios "estamos resistiendo de manera cívica, pacífica y democrática", pero "tememos que esto desencadene una guerra civil, que quizás es lo que busca el régimen", agregó.
Sobre el incendio provocado en la sede del INTI en Zulia la madrugada del pasado sábado y que Chávez tildó de atentado terrorista de los terratenientes del Zulia, Villalobos dijo: "Efectivamente fue un acto terrorista, pero de Estado".
"Creo que lo hizo el propio Gobierno, (en una práctica de) terrorismo de Estado, para hacer desaparecer documentos sobre los propietarios legítimos de las tierras" expropiadas, sostuvo. EFE
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