A finales de 2010, la agencia Moody's lo ha advertido muy seriamente a las autoridades de nuestro país. De seguir así, la revisión de la nota de la deuda española no se va a hacer esperar. Con la que está cayendo en la vieja España, no nos faltaba otra… Y es que el incumplimiento de las previsiones presupuestarias por parte de las Comunidades Autónomas se ha convertido ya en este país en todo un deporte nacional. En el colmo de la irresponsabilidad o la locura de sus responsables, parecen decirse unas a otras “¡Y yo más!”.
Los planes de ajuste presupuestario del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no parecen haber hecho gran mella en los de los reinos de taifas a juzgar por las cifras que hace solo unos días nos daba el Banco de España y que pueden encontrarse en estas mismas páginas electrónicas (http://www.diariocritico.com/2010/Diciembre/investigacion/243672/deuda-administraciones-publicas-gasto-banco-de-espana-bruselas-estabilidad.html ).
En conjunto, la totalidad de la deuda pública en España (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos) alcanzó en el tercer trimestre de 2010 los 611.198 millones de euros - algo más del 16% de incremento en un año-, cifra que supone ya un 57,7% del PIB, solo a 2,3 puntos para alcanzar el temible 60%, cifra que al decir de los expertos de Bruselas encendería todas las alarmas de la economía.
Con todo, para Moody’s, es el descontrol autonómico el aspecto más preocupante de la situación. Y no le falta razón a la agencia de calificación ya que, desde 1995, y año tras año, las deudas de las comunidades autónomas no han parado de crecer. Las cifras , incluso, delatan el impudor de nuestros gobernantes autonómicos al arrojar un aumento de un 27,3% en el tercer trimestre de 2010 (en la época más dura de la crisis) comparándola con el mismo periodo de 2009.
Predicar
Estos pequeños “reinos de taifas”, como son de facto las comunidades autónomas en nuestro país, administran la mayor parte de los servicios públicos (por delegación de la administración estatal, es cierto) y para ello necesitan recursos. Pero, después de más de 30 años de funcionamiento del modelo, lo que se está comenzando a cuestionar no es ya el uso de esos recursos, la financiación, sino el modelo mismo, la necesidad de que para estar más cerca de los administrados, el estado necesite tres niveles de gestión administrativa.
El actual modelo de financiación regional “no es sostenible”, ni para Moody’s ni para nadie que haga un uso adecuado del sentido común. El descontrol del gasto que el contribuyente ha venido percibiendo por la simple observación de lo más cercano, se ha visto corroborado -por si aquello no fuera suficiente- por la exigencia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, al pedir una mayor transparencia en la gestión de las comunidades autónomas.
Las preguntas surgen espontáneas en la mente de cualquier ciudadano mínimamente interesado por el destino final de sus impuestos: ¿Cómo se puede pedir a los ciudadanos que se sacrifiquen, que acepten los recortes de las pensiones, o que se aplace la edad de jubilación hasta los 67 o más años, sin un esfuerzo paralelo y ejemplar de ajuste presupuestario de la administración y, especialmente, de la autonómica?
¿Cómo se puede conjugar la exigencia al tejido productivo de la búsqueda de competitividad si lo que es también exigible a la administración, es decir, una gestión más racional y ajustada de sus recursos, ésta no es capaz de llevarla a cabo?
¿Cómo se puede despilfarrar el dinero público y, paralelamente, seguir endeudándose hasta las cejas sin el menor rubor?
Si no se pone coto
inmediato y tajante a esta sangría económica de la que todos los partidos políticos son tanto cómplices necesarios como agentes indispensables para el cambio de modelo, el sistema autonómico puede estar dando sus últimos estertores.
Si (
No(
